Gobierno rechaza pedido de Rurelec

La ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, calificó ayer de “elevado e irreal” el monto que la empresa británica Rurelec pretende obtener por la compensación de sus acciones en la Empresa Eléctrica Guaracachi, que fue nacionalizada el pasado 1 de mayo.

Este monto fue calculado por la empresa en 70 millones de dólares en las inversiones realizadas. “El monto es totalmente elevado e irreal. Es una pretensión de la empresa. Esa cifra es un criterio solamente de la empresa, habrá que determinar las auditorías que se van a hacer con todos los documentos que tenemos acumulados en el Ministerio para que se determine exactamente el monto y si merece ser compensada la empresa o no”.

Arismendi confirmó que la notificación para un arbitraje internacional fue entregado al presidente Evo Morales en las pasadas horas, pero como el Ministerio de Defensa Legal del Estado es el encargado de llevar adelante todos los procesos en materia de inversiones fue remitido a ese despacho.

En ese marco, informó que realizará un análisis para determinar la pretensión de Rurelec y para iniciar la demanda arbitral. La Ministra de Defensa Legal informó que la notificación tiene una serie de argumentos que señalan dos Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), una con Estados Unidos y otra con los Países Bajos. “Señala que Bolivia habría violado sus derechos al haber asumido la nacionalización de las generadoras de electricidad, por lo que la empresa se sintió agraviada”, remarcó.

Arismendi explicó que se realizarán los análisis de los dos TBI, porque si bien existe una prohibición de una nacionalización, existe la excepción y el justificativo que señala que puede realizarse cuando se trata de utilidad pública.

Críticas al país

Un comunicado de Rurelec y su subsidiaria estadounidense Guaracachi America Inc. señala que comenzaron “los procedimientos de arbitraje para asegurar una compensación justa del Gobierno de Bolivia”. Dice que Bolivia ha expropiado sus inversiones “sin una compensación pronta, adecuada ni efectiva”, en contra de las leyes internacionales y los tratados de protección de inversiones que el Reino Unido y EEUU firmaron con el país. La firma critica el despliegue de militares “armados con metralletas” que ocuparon las oficinas de Guaracachi el pasado 1 de mayo y que sus ejecutivos hayan sido “escoltados fuera de las instalaciones a punta de pistola”.