Este servicio se dará por medio de la extensión de la red y la instalación de sistemas solares domésticos en viviendas, al igual que en escuelas y clínicas, lo que permite extender el servicio a algunas de las personas más pobres del país.
Sólo el 30% de la población rural de Bolivia tiene acceso a electricidad, lo que representa el segundo nivel de acceso más bajo en América Latina. Es el país más pobre de Sudamérica; su producto interno bruto (PIB) per cápita fue de $us 4.495 el 2008. Los índices de pobreza son especialmente altos en las áreas rurales, donde vive más de un tercio de la población; el 82% de la población se clasifica como pobre y el 59% como extremadamente pobre. La alta dispersión de la población (un promedio de ocho personas por kilómetro cuadrado) y el bajo nivel de ingresos per cápita se traducen en altos costos de infraestructuras, especialmente en las áreas rurales. Por eso, la provisión de servicios en dichas zonas es una prioridad nacional y, al mismo tiempo, es relativamente cara.
En respuesta a este desafío, el 2003 la AIF aprobó un préstamo de $us 20 millones para el proyecto Infraestructura Descentralizada para la Transformación Rural (IDTR, por sus siglas en inglés). Este proyecto, el segundo de su tipo en América Latina, está en vigencia desde el 2005 y busca expandir y mejorar la provisión de electricidad como catalizador del desarrollo en las zonas rurales. Es un componente integral del programa gubernamental "Electricidad para Vivir con Dignidad".
El proyecto desarrolló una estrategia integrada para expandir el acceso a la electricidad en las difíciles condiciones geográficas por medio de la implementación de un nuevo modelo de provisión de electricidad con la instalación de sistemas solares en áreas rurales aisladas y la densificación de la red en áreas periurbanas.
También se puso en práctica del marco regulatorio necesario para una electrificación rural sostenible. Se estableció sociedades con fondos fiduciarios administrados por el Banco Mundial para brindar asistencia técnica al Gobierno en el diseño y la implementación de los proyectos. Y la reproducción de la estrategia del IDTR en el proyecto Electricidad Descentralizada para el Acceso Universal, financiado por la Asociación Mundial para la Ayuda en Función de los Resultados (GPOBA), que también guiará la provisión de lámparas solares "Pico-PV" a los hogares más pobres.
La estrategia del IDTR se basa en el uso de contratos de servicio a mediano plazo para la instalación de sistemas solares PV y el posterior apoyo para su operación y mantenimiento durante cuatro años después de la instalación, de modo de ayudar a la sostenibilidad y al desarrollo del mercado local. Estos contratos de servicio a mediano plazo se asignaron por medio de un proceso competitivo de licitación internacional durante el 2005. Los documentos de licitación establecían un subsidio máximo ($us 650) y una cantidad mínima de sistemas que debían instalarse en cada área, y los contratos se asignaron a los licitadores que ofrecieron la mayor cantidad de sistemas solares domésticos por área. Según los contratos, se paga a los operadores de acuerdo con los resultados.
El proyecto también respaldó la adopción de un marco regulatorio a través de las normas para la Electrificación Rural adoptadas el 2005 y la creación de la Oficina de Supervisión Técnica el 2007, cuya misión es supervisar y regular los contratos de servicio.
En la actualidad, GPOBA financia una subvención de $us 5,2 millones para expandir la estrategia del IDTR a 7.000 hogares.
El proyecto provee un nuevo servicio de electricidad a unas 130.000 personas en zonas rurales y periurbanas de Bolivia.
En las zonas rurales alejadas, donde la electrificación de red no es económicamente viable, el proyecto desarrolló un modelo nuevo para brindar acceso sostenible a la electricidad solar.
Desde el inicio del proyecto el 2005, se instalaron más de 9.200 sistemas solares domésticos en las zonas rurales más pobres del país, con un total estimado de 45.000 personas beneficiadas. Además, se instalaron 87 sistemas solares domésticos en escuelas y clínicas, lo que beneficia a otros 30.000 habitantes.
También se proveyó iluminación pública a 20.000 residentes de El Alto. Se están instalando aproximadamente 8.000 conexiones de electricidad nuevas que beneficiarán a unas 35.000 personas como parte de una iniciativa para extender la red de energía a consumidores que están cerca de las áreas señaladas.
Socios que forman el proyecto
El proyecto estableció sociedades con municipalidades y prefecturas que ayudaron a identificar beneficiarios y proveyeron cofinanciación; con las filiales estadounidense y boliviana de la US National Rural Energy Cooperatives Association y con la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ).
El proyecto estableció sociedades con municipalidades y prefecturas que ayudaron a identificar beneficiarios y proveyeron cofinanciación; con las filiales estadounidense y boliviana de la US National Rural Energy Cooperatives Association y con la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ).
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