"El Gobierno miente a los bolivianos cuando dice que nacionalizó la Transportadora de Electricidad (TDE), además esta medida sólo compromete negativamente la imagen del país en el contexto internacional", sostuvo el asambleísta de Unidad Nacional (UN), Eduardo Campos.
Mencionó que la actitud del Gobierno muestra la desesperación que tiene por la falta de credibilidad y respaldo por sus constantes desaciertos, ante este panorama recurre a la demagogia para intentar revertir la difícil situación y emite el Decreto de Nacionalización de la Trasportadora de Electricidad, que instruye que la totalidad de las acciones que conforman el paquete accionario de la Sociedad Red Eléctrica Internacional (SAU), filial de la Red Eléctrica Española (REE) se registren a nombre de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).
Explicó que lo que define el Decreto Supremo, es la compra obligada de todas las acciones de la REE en la empresa transportadora de Bolivia, para lo cual, de manera innecesaria y comprometiendo la imagen del país, ordena a las Fuerzas Armadas tomar las instalaciones, provocando el show mediático.
"Si su intención fue el adquirir las acciones de TDE, bien pudieron hacerlo en una mesa de negociaciones, sin tener que recurrir al ‘show’ que puede haber convencido a alguna opinión pública nacional desinformada, pero que en el plano internacional, particularmente, ha causado un impacto negativo para la imagen del país", señaló.
El asambleísta indicó que el país requiere de la inversión extranjera en varios rubros, esto lo manifiesta el propio Gobierno, sin embargo, con esta acción, la toma violenta de las instalaciones de la TDE, quién podría animarse a invertir en Bolivia.
Se dice que con la llamada nacionalización de las acciones de la TDE se tendrá pleno control de la energía eléctrica en el país, sin embargo, todos sabemos que habiendo nacionalizado ya las empresas generadoras de energía eléctrica el 2010, las cosas más bien se han complicado. En los últimos meses la demanda de energía eléctrica en el país está por encima de la oferta, lo que ha ocasionado cortes intempestivos y arbitrarios en varias ciudades, indicó Campos.
Agregó que al tratarse de un servicio de distribución de energía y no de generación, bien pudo el Gobierno regular y normar esta actividad sin tener que llegar a la confiscación de las acciones de la TDE, lo que le permitiría al Estado boliviano ahorrarse más de 120 millones de dólares que tendrá que pagar por la pretendida nacionalización.
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