miércoles, 14 de septiembre de 2016

Cívicos plantean cobrar regalías por hidroeléctricas

El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Juan Flores, informó ayer que esa institución trabaja una propuesta en la que plantean cobrar regalías por los ingresos que generen las hidroeléctricas que se construyan en el departamento.

La propuesta fue dada a conocer en una reunión realizada ayer, en esta ciudad, en la que participaron representantes de los comités cívicos de todos los departamentos, incluido El Alto, para iniciar la elaboración de una agenda cívica nacional centrada en propuestas para el pacto fiscal y las observaciones al Código Tributario.

“La energía eléctrica que se produce en Bolivia son 1.200 Megavatios (MW), Cochabamba produce el 70 por ciento y no recibimos ni un centavo como regalías. Hoy, Cochabamba va a plantear en el escenario cívico nacional cobrar regalías por este concepto como se cobra por la producción del petróleo”, indicó Flores.

El Gobierno desarrolla 21 proyectos hidroeléctricos en el país, todos con diferentes porcentajes de avance, y con la perspectiva de generar 10.936 Megavatios (MW) de energía. De este portafolio de proyectos, nueve están ubicados en Cochabamba, informó el pasado lunes el ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez.

La propuesta, según Flores, será trabajada hasta fin de año y formará parte del planteamiento del Comité Cívico de Cochabamba para el debate del pacto fiscal.

Explicó que, para ese debate, los comités cívicos plantearán un nuevo modelo de desarrollo en base a las potencialidades de cada departamento. En ese sentido, resaltó la posición del Gobierno por preferir un pacto fiscal productivo.

“Cada región tiene sus potencialidades y, en todo su derecho, los comités cívicos vamos a reclamar cobrar por exportar nuestra pujanza, por exportar nuestras potencialidades; pero Bolivia debe entrar a ese nuevo escenario”, afirmó.

Por su parte, el vicepresidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Eduardo Espada, lamentó que el Gobierno haya trabajado en las modificaciones al Código Tributario sin haber escuchado las propuestas de los diferentes sectores sociales.

La propuesta de los cívicos será trabajada en cada departamento, pero después se integrará en un solo documento que será planteado al Gobierno.

Afirmó que se realizaron varios encuentros en Santa Cruz y Cochabamba, en los que ya se discutió algunos aspectos técnicos por departamento. También anunció que la propuesta cívica se elaborará en una serie de reuniones programadas hasta fin de año. La siguiente se desarrollará en Santa Cruz, luego será en Tarija y otra en El Alto.



El pasado 31 de agosto, se reunió el Consejo Nacional Autonómico y se acordó comprimir y acelerar las etapas del proceso para poder llegar al primer semestre de 2017 con el pacto fiscal aprobado. El Gobierno exige que sea “un pacto productivo” y no una pelea por recursos.



Definición de pacto fiscal

No existe una definición común y, por lo tanto, tampoco una metodología uniforme para arribar al pacto fiscal, pues este proceso está muy relacionado al contexto económico, social y político del país que decide emprenderlo, explicó a este medio, en declaraciones anteriores, el ministro de Autonomías, Hugo Siles.

Sin embargo, dijo, no queda duda que es un proceso multidimensional y dinámico, que contiene muchos elementos determinantes que no son mutuamente excluyentes, es decir, más de uno puede ser cierto al mismo tiempo y tienden a influirse mutuamente.

El pacto fiscal no es un fin en sí mismo, es un medio que está integrado con temas que son estructurales, por ejemplo compatibilización de agendas, pues, por primera vez en la historia de Bolivia, el sistema de planificación integral del Estado establece la obligación de presentar los planes de las entidades territoriales autónomas, explicar para qué se destinarán los recursos, cuáles son las prioridades del Estado y de los Gobiernos subnacionales, sostuvo.

Entonces, acotó, pacto fiscal es el proceso de concertación e implementación de acuerdos entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas con participación social de ciudadanos para el buen uso de los recursos públicos.

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