Incrementar costo de energía eléctrica o reducir ganancias de distribuidoras

Cualquier proceso de integración económica tiene como objetivo principal la libre circulación de bienes y, desde el punto de vista económico, es una de las formas más idóneas para incrementar el nivel de competitividad de las economías y para facilitar la cohesión política de los estados miembros a través del incremento de la cooperación.

La política de reducción de las subvenciones a servicios de energía eléctrica no es novedosa en nuestro continente. En 2015, en la Argentina, se retiró la subvención de este servicio de manera paulatina a todos los niveles de usuarios. Su impacto inflacionario fue del 30%.

Similar medida fue asumida este año por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en México, con incrementos al sector industrial de entre 6.4 y 8.4 por ciento y para el sector comercial de entre 3.8 y 5.8 por ciento. Se estima que el alza tarifaria tendrá un efecto de cerca del 3% en la inflación. Paraguay, Nicaragua, Honduras, también vienen aplicando estos ajustes. La excepción es Perú, que disminuyó sus tarifas al realizar un ajuste de ganancias entre las generadoras de electricidad y las distribuidoras.

En Bolivia, hasta el año pasado no se aplicó una política de incremento en el servicio eléctrico. El Gobierno nacional estableció en 2013 que la tarifa de electricidad sea única, de 0,60 bolivianos por consumo de kilowatt/hora (kWh) para el área rural y las ciudades dentro del departamento de La Paz. De esta manera, existía una especie de subvención de los consumidores del área urbana en beneficio de los del área rural.

Con la nacionalización del sector de la industria eléctrica, el Estado boliviano tiene a su cargo la generación, transmisión y distribución. La expropiación de las distribuidoras de electricidad en La Paz (Electropaz) y la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro (Elfeo), la empresa de servicios Edeser y una gestora de inversiones, ha ido incrementando las cargas financieras al Estado.

Según información del Gobierno, el Estado financia el 150% de la tarifa eléctrica de todos los usuarios finales. Cerca del 63% de la generación eléctrica se obtiene a través de las termoeléctricas que funcionan a gas natural, el 33% por las hidroeléctricas, y el resto por la biomasa.

De acuerdo a los datos del INE, el sector de electricidad durante la gestión 2015 a 2016 tuvo una caída de 1%. No fue un sector que contribuyó al crecimiento de la economía.

Uno de los temores de la población es el impacto que tendría un incremento del 3% en los precios del consumo de energía eléctrica sobre el resto de los bienes de la canasta familiar. Evidentemente, de eliminarse la subvención de los servicios, aumentarían los precios de los productos finales, impactando fuertemente en los sectores más vulnerables de la economía.

De hecho, como vimos en otras economías del continente, existe un impacto sobre el alza de precios. Esto se debe a una indexación de los costos hacia los consumidores de bienes finales, que se reflejan en los precios de sus productos. En este sentido, el efecto que van a recibir se evidenciará por dos lados: en el costo del propio servicio de energía eléctrica y en el incremento de los precios de los productos de primera necesidad.

La pregunta es: ¿existe la necesidad de incrementar ese 3%, tomando en cuenta que las distribuidoras (como CESSA, en Sucre) no han reportado pérdidas sino que, al contrario, parecen gozar de bonanza económica?

Sería más conveniente ajustar las ganancias de esas empresas, sin afectar su estabilidad financiera y siguiendo el ejemplo del Perú. De esta manera no se afecta a las arcas del Estado sino a las ganancias de las distribuidoras, las que tienen la capacidad de incrementar sus sueldos hasta en 15%, muy por encima de otros sectores.