Tras la intervención a Emprelpaz, el Gobierno apunta a reducir los costos del servicio de energía eléctrica en el área rural en al menos 150%, pues actualmente ése es el porcentaje adicional que pagan los habitantes del campo respecto del área urbana.
La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, informó que el monto de la tarifa domiciliaria en la zona dispersa es de 1,50 bolivianos por kilovatio/hora, mientras que en el área urbana es de 60 centavos, es decir en el campo se paga un costo adicional de 150%.
“El propósito de la intervención, junto con toda medida que se pueda tomar para este tema, es bajar las tarifas y equipararlas con el sector urbano, pero no puedo decir a cuánto van a llegar”, sostuvo Morales.
Ese costo elevado, según la autoridad, fue uno de los justificativos para que el Gobierno realice una intervención administrativa en la Empresa Rural Eléctrica La Paz S.A. (Emprelpaz).
Esa acción también fue ejecutada, según Morales, para garantizar el suministro de energía eléctrica a las 20 provincias del departamento, la que estaba en riesgo porque esa compañía perdió su título habilitante, que equivale a una licencia de funcionamiento, el 22 de agosto.
Precisó que la diferencia en el costo del servicio de energía eléctrica en el área rural respecto a la urbana se debe a que la empresa fue mal administrada.
Tras la intervención administrativa, que durará seis meses y que fue ejecutada el jueves pasado, los trabajadores de Emprelpaz impiden el ingreso del interventor Reynaldo Castañón y amenazaron con iniciar un bloqueo de caminos porque consideran que sus fuentes de trabajo están en riesgo.
Sin embargo, el director de la Autoridad de Electricidad (AE), Richard Alcócer, aseguró que el Decreto Supremo 428 garantiza la estabilidad laboral.
“No entendemos las razones por las que no permiten dejar entrar a trabajar”, manifestó y espera que depongan actitudes.
La ministra Morales también garantizó la protección de los trabajadores. “Excepto la planta ejecutiva, todos los demás tienen garantizado su fuente de trabajo porque una intervención no tiene el propósito de generar desempleo, sino mejorar la administración”, afirmó.
Alcócer también precisó que con esta acción no se tomará posesión de los bienes que tienen los accionistas si se enajenara los mismos, porque la normativa también impide ese extremo.
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