El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, firmó acuerdos con ejecutivos de las empresas Iberdrola SA, Iberdrola Energía SAU de España y el grupo inversor Paz Holdings Ltd de Gran Bretaña para el pago de más de $us 53,6 millones por la expropiación “total y plena” de cuatro comercializadoras de electricidad que estaban bajo su administración hasta el 29 de diciembre de 2012, informó ayer el procurador general del Estado, Héctor Arce.
DECLARACIÓN
“Hace unos minutos se ha consolidado total y plenamente la nacionalización de las cuatro comercializadoras de electricidad que fueron nacionalizadas el año 2012”, dijo luego de la suscripción de los documentos de cada caso en la ciudad de Cochabamba.
Arce detalló que los acuerdos tomaron en cuenta a las empresas Electricidad de La Paz SA (Electropaz), Empresa y Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro SA (Elfeo), Compañía Administradora de Empresas - Bolivia SA (Cadeb) y la Empresa de Servicios Edeser SA (Edeser).
Detalló que el acuerdo suscrito con Iberdrola SA e Iberdrola Energía SAU se concretó para el pago de más de $us 34 millones avalado por medio del decreto, 2594.
Dijo que en el caso del grupo inversor Paz Holdings Ltd se firmó con un convenio para la cancelación de más de $us 19 millones bajo la disposición del decreto, 2592.
VIGENCIA
Las dos normas fueron puestas en vigencia el 11 de noviembre de este año.
“Estos acuerdos pusieron fin también a los dos arbitrajes contra el Estado boliviano que presentaron Iberdrola el 29 de julio de 2014 y que la empresa Paz Holdings presentó el 22 de julio de 2015”, relievó Arce.
UTILIDADES
A su turno, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, destacó que el monto pagado por Bolivia fue cubierto con una parte de las utilidades generadas por las comercializadoras de electricidad nacionalizadas durante los últimos tres años.
“Las empresas nacionalizadas superaron entre 2012, 2013 y 2014 han tenido utilidades por 58,3 millones de dólares y hoy estamos indemnizando por 53,6 millones de dólares, es decir, que en tres años las utilidades han pagado el costo de las cuatro empresas”, aseveró.
PROCESO
La autoridad estatal remarcó que con el pago concretado se “cerró” los procesos de nacionalización en toda la cadena nacional de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. (ABI)
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martes, 17 de noviembre de 2015
Gobierno acuerda compensación de $us 34 millones a Iberdrola
Iberdrola ultima un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos y Energía y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) de Bolivia, por el que recibirá una compensación de 34,2 millones de dólares (unos 32 millones de euros) por la nacionalización de sus cuatro empresas participadas en el país en 2012.
Según han indicado a Efe fuentes del mercado, el pacto podría firmarse hoy mismo en Cochabamba y el desembolso se efectuará antes del viernes, lo que supondrá la salida definitiva de la empresa eléctrica española del país andino.
El acuerdo prevé también la renuncia de todas las partes a plantear futuras reclamaciones relacionadas con la expropiación, así como el visto bueno por parte de la autoridad eléctrica boliviana de la gestión realizada por Iberdrola en sus filiales y la asunción de las obligaciones contraídas por estas.
Este pacto pone fin al procedimiento de arbitraje internacional puesto en marcha en julio del pasado año y que estuvo a punto de resolverse en diciembre de 2014, con un principio de acuerdo que nunca llegó a concretarse.
El origen del conflicto se remonta a diciembre de 2012, cuando el Gobierno boliviano nacionalizó cuatro empresas participadas por Iberdrola: Electropaz, Elfeo, Cadeb y Edeser.
La compañía eléctrica española participaba en estas empresas a través de Iberbolivia, donde tiene el 63,4 por ciento de las acciones a través de Iberdrola de Inversiones, a su vez participada por Iberdrola Energía.
Las cuatro compañías participadas distribuían electricidad a más de medio millón de puntos de suministro en los departamentos de La Paz y Oruro, casi todos en zonas urbanas.
Según han indicado a Efe fuentes del mercado, el pacto podría firmarse hoy mismo en Cochabamba y el desembolso se efectuará antes del viernes, lo que supondrá la salida definitiva de la empresa eléctrica española del país andino.
El acuerdo prevé también la renuncia de todas las partes a plantear futuras reclamaciones relacionadas con la expropiación, así como el visto bueno por parte de la autoridad eléctrica boliviana de la gestión realizada por Iberdrola en sus filiales y la asunción de las obligaciones contraídas por estas.
Este pacto pone fin al procedimiento de arbitraje internacional puesto en marcha en julio del pasado año y que estuvo a punto de resolverse en diciembre de 2014, con un principio de acuerdo que nunca llegó a concretarse.
El origen del conflicto se remonta a diciembre de 2012, cuando el Gobierno boliviano nacionalizó cuatro empresas participadas por Iberdrola: Electropaz, Elfeo, Cadeb y Edeser.
La compañía eléctrica española participaba en estas empresas a través de Iberbolivia, donde tiene el 63,4 por ciento de las acciones a través de Iberdrola de Inversiones, a su vez participada por Iberdrola Energía.
Las cuatro compañías participadas distribuían electricidad a más de medio millón de puntos de suministro en los departamentos de La Paz y Oruro, casi todos en zonas urbanas.
lunes, 9 de marzo de 2015
BOLIVIA PIDE PAUSA EN EL ARBITRAJE CON IBEDROLA
El Procurador del Estado espera que se abra una nueva etapa de diálogo para llegar a un acuerdo con la empresa española.
El Gobierno afirmó ayer que tiene "la puerta abierta" para reanudar negociaciones con la eléctrica española Iberdrola para compensarle por la nacionalización en 2012 de sus cuatro filiales, si la empresa acepta hacer una pausa en el proceso de arbitraje internacional iniciado contra el Estado boliviano.
"Hay avances muy importantes, avances muy significativos. Sin embargo, en Bolivia nosotros no dialogamos bajo presión de nada, ni de nadie", dijo el Procurador General del Estado boliviano, Héctor Arce, en una entrevista en medios estatales.
El proceso. Arce, encargado de negociar con las trasnacionales a las que Bolivia expropió empresas, reiteró que cuando se abre un proceso de diálogo con las compañías debe iniciarse una pausa en el proceso de arbitraje, una posición que ya expresó a finales de febrero.
Agregó que "dentro de esa pausa en el arbitraje, que puede ser de meses, que puede ser de años incluso" se negocia un acuerdo, pero si no se alcanza un convenio la compañía puede seguir con su demanda.
"La empresa tuvo algunos reparos ante eso. Lamentablemente se han tenido que paralizar las negociaciones que las estaba llevando el ministro de Hidrocarburos y Energía, la Empresa Nacional de Electricidad y nosotros como abogados, pero la puerta está abierta si la empresa acepta las condiciones de Bolivia", sostuvo Arce.
Nacionalizaciones. El Procurador boliviano dijo que su país es el que más nacionalizaciones ha hecho en el último tiempo, el que más beneficios ha obtenido de esos procesos, pero también "es el que menos conflictos jurídicos tiene" que afrontar, porque ha llegado a varios acuerdos con las compañías trasnacionales.
Arce recordó que la eléctrica española inició en 2014 el arbitraje para que se le indemnice por la nacionalización de cuatro de sus filiales: las distribuidoras eléctricas Electropaz y Elfeo, la empresa de servicios Edeser y una gestora de inversiones.
El pasado 21 de diciembre, Arce anunció un "principio de acuerdo" para pagar a Iberdrola una indemnización menor a la que solicitaba inicialmente, pero esa solución no llegó a concretarse.
En febrero pasado, la eléctrica española Iberdrola anunció que recurrirá al arbitraje internacional para que se le indemnice por la expropiación de sus cuatro filiales y que ha decidido acudir a esta vía ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo amistoso y a la vista del tiempo transcurrido desde que notificó la demanda del arbitraje en julio de 2014
Desde que asumió la presidencia por primera vez en 2006, el presidente boliviano, Evo Morales, ha nacionalizado una veintena de empresas petroleras, eléctricas, cementeras y mineras, entre otras, de inversores estadounidenses, canadienses, europeos y bolivianos.
IBERDROLA RECUERDA QUE EL TRATADO DE PROTECCIÓN DE INVERSIONES ACORDADO ENTRE ESPAÑA Y BOLIVIA INDICA QUE “LAS EXPROPIACIONES DEBEN IR ACOMPAÑADAS DEL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN PRONTA, ADECUADA Y EFECTIVA”.
El Gobierno afirmó ayer que tiene "la puerta abierta" para reanudar negociaciones con la eléctrica española Iberdrola para compensarle por la nacionalización en 2012 de sus cuatro filiales, si la empresa acepta hacer una pausa en el proceso de arbitraje internacional iniciado contra el Estado boliviano.
"Hay avances muy importantes, avances muy significativos. Sin embargo, en Bolivia nosotros no dialogamos bajo presión de nada, ni de nadie", dijo el Procurador General del Estado boliviano, Héctor Arce, en una entrevista en medios estatales.
El proceso. Arce, encargado de negociar con las trasnacionales a las que Bolivia expropió empresas, reiteró que cuando se abre un proceso de diálogo con las compañías debe iniciarse una pausa en el proceso de arbitraje, una posición que ya expresó a finales de febrero.
Agregó que "dentro de esa pausa en el arbitraje, que puede ser de meses, que puede ser de años incluso" se negocia un acuerdo, pero si no se alcanza un convenio la compañía puede seguir con su demanda.
"La empresa tuvo algunos reparos ante eso. Lamentablemente se han tenido que paralizar las negociaciones que las estaba llevando el ministro de Hidrocarburos y Energía, la Empresa Nacional de Electricidad y nosotros como abogados, pero la puerta está abierta si la empresa acepta las condiciones de Bolivia", sostuvo Arce.
Nacionalizaciones. El Procurador boliviano dijo que su país es el que más nacionalizaciones ha hecho en el último tiempo, el que más beneficios ha obtenido de esos procesos, pero también "es el que menos conflictos jurídicos tiene" que afrontar, porque ha llegado a varios acuerdos con las compañías trasnacionales.
Arce recordó que la eléctrica española inició en 2014 el arbitraje para que se le indemnice por la nacionalización de cuatro de sus filiales: las distribuidoras eléctricas Electropaz y Elfeo, la empresa de servicios Edeser y una gestora de inversiones.
El pasado 21 de diciembre, Arce anunció un "principio de acuerdo" para pagar a Iberdrola una indemnización menor a la que solicitaba inicialmente, pero esa solución no llegó a concretarse.
En febrero pasado, la eléctrica española Iberdrola anunció que recurrirá al arbitraje internacional para que se le indemnice por la expropiación de sus cuatro filiales y que ha decidido acudir a esta vía ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo amistoso y a la vista del tiempo transcurrido desde que notificó la demanda del arbitraje en julio de 2014
Desde que asumió la presidencia por primera vez en 2006, el presidente boliviano, Evo Morales, ha nacionalizado una veintena de empresas petroleras, eléctricas, cementeras y mineras, entre otras, de inversores estadounidenses, canadienses, europeos y bolivianos.
IBERDROLA RECUERDA QUE EL TRATADO DE PROTECCIÓN DE INVERSIONES ACORDADO ENTRE ESPAÑA Y BOLIVIA INDICA QUE “LAS EXPROPIACIONES DEBEN IR ACOMPAÑADAS DEL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN PRONTA, ADECUADA Y EFECTIVA”.
viernes, 27 de febrero de 2015
Procurador Arce propone pausa para negociar con Grupo Iberdrola
Bolivia no negociará “bajo presión” con la empresa Iberdrola de España por la nacionalización de cuatro de sus filiales el 29 de diciembre de 2012, sentenció el jueves el procurador general del Estado, Héctor Arce. “Bolivia no negocia bajo presión, no negocia si es que no se suspenden los arbitrajes que existen en contra de ella”, dijo
Arce explicó que había una negociación en curso con Iberdrola, que fue suspendida porque la empresa se negó a paralizar un arbitraje que inició en contra de Bolivia a mediados de 2014.
Pese a ello, Arce dijo que está “en pie” la posibilidad de retomar el diálogo, porque la empresa española pidió reanudarlo en un comunicado remitido en los últimos días.
ARBITRAJE
Iberdrola decidió recurrir a la vía del arbitraje internacional para lograr una indemnización por la expropiación de sus negocios en Bolivia a finales de 2012, tras la decisión del presidente Morales. En su informe anual, la eléctrica explica que Iberdrola notificó la controversia ante Bolivia en abril de 2013 y que se han tenido diversas reuniones con los representantes de Bolivia sin que se haya podido llegar a un acuerdo.
NOTIFICACIÓN
“Habiendo transcurrido sobradamente el plazo mínimo de seis meses desde la notificación de controversia sin que se haya resuelto la controversia de forma amistosa, quedó abierta la vía del arbitraje internacional a la cual se ha acudido mediante notificación de arbitraje presentada por el Grupo Iberdrola”. Dicha notificación se presentó el 29 de julio pasado, pero es la primera vez que la eléctrica lo declara. Previsiblemente, el pleito se dirimirá en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
PAUSA
Arce dejó en claro que el diálogo está condicionado a que Iberdrola haga una pausa en su recurso de arbitraje. “Hemos llegado a acuerdos importantes con empresas, pero no negociamos bajo la presión de ningún arbitraje”, dijo Arce en referencia a acuerdos alcanzados con otras transnacionales.
El Procurador sostuvo que el arbitraje planteado por Iberdrola está en la fase de organización, porque no presentó aún una memoria de sus planteamientos y requerimientos de indemnización por la expropiación de cuatro de sus filiales.
DECRETO
El 29 de diciembre de 2012, el presidente Morales aprobó el decreto 1448, que dispuso la nacionalización de cuatro filiales de Iberdrola en Bolivia: Electropaz, Elfeo, Compañía Administradora de Empresas Bolivia y Empresa de Servicios. Las acciones mayoritarias de esas empresas correspondían a Iberbolivia de Inversiones, que pertenece al grupo español Iberdrola.
PRINCIPIO DE ACUERDO
En diciembre de 2014, Arce informó un “principio de acuerdo” para el pago de un monto de indemnización a Iberdrola, pero el proceso quedó truncado porque esa empresa mantiene vigente un arbitraje contra Bolivia.
ANTECEDENTES
- En un comunicado emitido el pasado fin de semana Iberdrola recuerda que el tratado de protección de inversiones entre España y Bolivia indica que “las expropiaciones deben ir acompañadas del pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva”, según informó el diario español, El País
- El procurador, Héctor Arce, explicó que había una negociación en curso con Iberdrola, que fue suspendida porque la empresa se negó a paralizar un arbitraje que inició en contra de Bolivia a mediados de 2014
- Para el Grupo Iberdrola habría transcurrido sobradamente el plazo mínimo de seis meses desde la notificación de controversia sin que se haya resuelto la controversia de forma amistosa, quedando abierta la vía del arbitraje internacional
Arce explicó que había una negociación en curso con Iberdrola, que fue suspendida porque la empresa se negó a paralizar un arbitraje que inició en contra de Bolivia a mediados de 2014.
Pese a ello, Arce dijo que está “en pie” la posibilidad de retomar el diálogo, porque la empresa española pidió reanudarlo en un comunicado remitido en los últimos días.
ARBITRAJE
Iberdrola decidió recurrir a la vía del arbitraje internacional para lograr una indemnización por la expropiación de sus negocios en Bolivia a finales de 2012, tras la decisión del presidente Morales. En su informe anual, la eléctrica explica que Iberdrola notificó la controversia ante Bolivia en abril de 2013 y que se han tenido diversas reuniones con los representantes de Bolivia sin que se haya podido llegar a un acuerdo.
NOTIFICACIÓN
“Habiendo transcurrido sobradamente el plazo mínimo de seis meses desde la notificación de controversia sin que se haya resuelto la controversia de forma amistosa, quedó abierta la vía del arbitraje internacional a la cual se ha acudido mediante notificación de arbitraje presentada por el Grupo Iberdrola”. Dicha notificación se presentó el 29 de julio pasado, pero es la primera vez que la eléctrica lo declara. Previsiblemente, el pleito se dirimirá en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
PAUSA
Arce dejó en claro que el diálogo está condicionado a que Iberdrola haga una pausa en su recurso de arbitraje. “Hemos llegado a acuerdos importantes con empresas, pero no negociamos bajo la presión de ningún arbitraje”, dijo Arce en referencia a acuerdos alcanzados con otras transnacionales.
El Procurador sostuvo que el arbitraje planteado por Iberdrola está en la fase de organización, porque no presentó aún una memoria de sus planteamientos y requerimientos de indemnización por la expropiación de cuatro de sus filiales.
DECRETO
El 29 de diciembre de 2012, el presidente Morales aprobó el decreto 1448, que dispuso la nacionalización de cuatro filiales de Iberdrola en Bolivia: Electropaz, Elfeo, Compañía Administradora de Empresas Bolivia y Empresa de Servicios. Las acciones mayoritarias de esas empresas correspondían a Iberbolivia de Inversiones, que pertenece al grupo español Iberdrola.
PRINCIPIO DE ACUERDO
En diciembre de 2014, Arce informó un “principio de acuerdo” para el pago de un monto de indemnización a Iberdrola, pero el proceso quedó truncado porque esa empresa mantiene vigente un arbitraje contra Bolivia.
ANTECEDENTES
- En un comunicado emitido el pasado fin de semana Iberdrola recuerda que el tratado de protección de inversiones entre España y Bolivia indica que “las expropiaciones deben ir acompañadas del pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva”, según informó el diario español, El País
- El procurador, Héctor Arce, explicó que había una negociación en curso con Iberdrola, que fue suspendida porque la empresa se negó a paralizar un arbitraje que inició en contra de Bolivia a mediados de 2014
- Para el Grupo Iberdrola habría transcurrido sobradamente el plazo mínimo de seis meses desde la notificación de controversia sin que se haya resuelto la controversia de forma amistosa, quedando abierta la vía del arbitraje internacional
jueves, 26 de febrero de 2015
Bolivia dice que no negociará "bajo presión" con Iberdrola
Bolivia no negociará "bajo presión" con la empresa Iberdrola de España por la nacionalización de cuatro de sus filiales el 29 de diciembre de 2012, sentenció hoy el procurador general del Estado, Héctor Arce.
"Bolivia no negocia bajo presión, no negocia si es que no se suspenden los arbitrajes que existen en contra de ella", dijo.
Arce explicó que había una negociación en curso con Iberdrola, que fue suspendida porque la empresa se negó a paralizar un arbitraje que inició en contra de Bolivia a mediados de 2014.
Pese a ello, Arce dijo que está "en pie" la posibilidad de retomar el diálogo, porque la empresa española pidió reanudarlo en un comunicado remitido en los últimos días.
Dejó en claro que el diálogo está condicionado a que Iberdrola haga una pausa en su recurso de arbitraje.
"Hemos llegado a acuerdos importantes con empresas, pero no negociamos bajo la presión de ningún arbitraje", dijo Arce en referencia a acuerdos alcanzados con otras transnacionales.
El Procurador dijo que el arbitraje planteado por Iberdrola está en la fase de organización, porque no presentó aún una memoria de sus planteamientos y requerimientos de indemnización por la expropiación de cuatro de sus filiales.
El 29 de diciembre de 2012, el presidente Evo Morales aprobó el Decreto Supremo 1448, que ordenó la nacionalización de cuatro filiales de Iberdrola en Bolivia: Electropaz, Elfeo, Compañía Administradora de Empresas Bolivia y Empresa de Servicios.
Las acciones mayoritarias de esas empresas correspondían a Iberbolivia de Inversiones, que pertenece al grupo español Iberdrola.
En diciembre de 2014, Arce informó un "principio de acuerdo" para el pago de un monto de indemnización a Iberdrola, pero el proceso quedó truncado porque esa empresa mantiene vigente un arbitraje contra Bolivia.
"Bolivia no negocia bajo presión, no negocia si es que no se suspenden los arbitrajes que existen en contra de ella", dijo.
Arce explicó que había una negociación en curso con Iberdrola, que fue suspendida porque la empresa se negó a paralizar un arbitraje que inició en contra de Bolivia a mediados de 2014.
Pese a ello, Arce dijo que está "en pie" la posibilidad de retomar el diálogo, porque la empresa española pidió reanudarlo en un comunicado remitido en los últimos días.
Dejó en claro que el diálogo está condicionado a que Iberdrola haga una pausa en su recurso de arbitraje.
"Hemos llegado a acuerdos importantes con empresas, pero no negociamos bajo la presión de ningún arbitraje", dijo Arce en referencia a acuerdos alcanzados con otras transnacionales.
El Procurador dijo que el arbitraje planteado por Iberdrola está en la fase de organización, porque no presentó aún una memoria de sus planteamientos y requerimientos de indemnización por la expropiación de cuatro de sus filiales.
El 29 de diciembre de 2012, el presidente Evo Morales aprobó el Decreto Supremo 1448, que ordenó la nacionalización de cuatro filiales de Iberdrola en Bolivia: Electropaz, Elfeo, Compañía Administradora de Empresas Bolivia y Empresa de Servicios.
Las acciones mayoritarias de esas empresas correspondían a Iberbolivia de Inversiones, que pertenece al grupo español Iberdrola.
En diciembre de 2014, Arce informó un "principio de acuerdo" para el pago de un monto de indemnización a Iberdrola, pero el proceso quedó truncado porque esa empresa mantiene vigente un arbitraje contra Bolivia.
domingo, 22 de febrero de 2015
Iberdrola acude a un arbitraje contra Bolivia
Iberdrola ha decidido recurrir a la vía del arbitraje internacional para lograr una indemnización por la expropiación de sus negocios en Bolivia a finales de 2012, tras la decisión del presidente Evo Morales. En su informe anual, la eléctrica explica que Iberdrola notificó la controversia ante Bolivia en abril de 2013 y que se han tenido diversas reuniones con los representantes de Bolivia sin que se haya podido llegar a un acuerdo, según reporta en su edición digital el país de España.
“Habiendo transcurrido sobradamente el plazo mínimo de seis meses desde la notificación de controversia sin que se haya resuelto la controversia de forma amistosa, quedó abierta la vía del arbitraje internacional a la cual se ha acudido mediante notificación de arbitraje presentada por el Grupo Iberdrola”. Dicha notificación se presentó el 29 de julio pasado, pero es la primera vez que la eléctrica lo declara. Previsiblemente, el pleito se dirimirá en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
Iberdrola recuerda que el tratado de protección de inversiones entre España y Bolivia indica que “las expropiaciones deben ir acompañadas del pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva”.
Iberdrola también ha demandado a BP, a la que reclama 83 millones de libras (112 millones de euros) por el incumplimiento de un contrato de suministro de gas a largo plazo.
DATOS
Aunque la eléctrica no lo haya cifrado, expertos independientes dan un valor de mercado a las filiales expropiadas de 100 millones de dólares (unos 75 millones de euros).
Iberdrola opera en el país a través del holding Iberbolivia de Inversiones, del que posee el 64%. El resto está en manos del fondo Paz Holding, en el que participan entre otros inversores General Electric Capital, Mission Funding y Structure Finance.
Iberbolivia de Inversiones poseía el 89,5% de las acciones en la Empresa de Electricidad de La Paz (Electropaz), donde también participa el Banco Santander, con el 10% del capital y el 92,8% de la Empresa de Luz y Fuerza de Oruro (Elfeo). Las compañías expropiadas suponen alrededor del 0,2% del negocio de Iberdrola: unos seis millones de euros del beneficio total (2.804 millones en 2011).
“Habiendo transcurrido sobradamente el plazo mínimo de seis meses desde la notificación de controversia sin que se haya resuelto la controversia de forma amistosa, quedó abierta la vía del arbitraje internacional a la cual se ha acudido mediante notificación de arbitraje presentada por el Grupo Iberdrola”. Dicha notificación se presentó el 29 de julio pasado, pero es la primera vez que la eléctrica lo declara. Previsiblemente, el pleito se dirimirá en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
Iberdrola recuerda que el tratado de protección de inversiones entre España y Bolivia indica que “las expropiaciones deben ir acompañadas del pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva”.
Iberdrola también ha demandado a BP, a la que reclama 83 millones de libras (112 millones de euros) por el incumplimiento de un contrato de suministro de gas a largo plazo.
DATOS
Aunque la eléctrica no lo haya cifrado, expertos independientes dan un valor de mercado a las filiales expropiadas de 100 millones de dólares (unos 75 millones de euros).
Iberdrola opera en el país a través del holding Iberbolivia de Inversiones, del que posee el 64%. El resto está en manos del fondo Paz Holding, en el que participan entre otros inversores General Electric Capital, Mission Funding y Structure Finance.
Iberbolivia de Inversiones poseía el 89,5% de las acciones en la Empresa de Electricidad de La Paz (Electropaz), donde también participa el Banco Santander, con el 10% del capital y el 92,8% de la Empresa de Luz y Fuerza de Oruro (Elfeo). Las compañías expropiadas suponen alrededor del 0,2% del negocio de Iberdrola: unos seis millones de euros del beneficio total (2.804 millones en 2011).
sábado, 21 de febrero de 2015
Iberdrola decide ir al arbitraje internacional por las expropiaciones
La eléctrica española Iberdrola recurrirá al arbitraje internacional para que se le indemnice por la expropiación de cuatro de sus filiales en Bolivia en 2012.
Según informa este sábado el diario español El País en su página web, la compañía española señala en su informe anual que ha decidido acudir a esta vía ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo amistoso y a la vista del tiempo transcurrido desde que notificó la demanda del
arbitraje el 29 de julio de 2014.
En diciembre pasado, el Gobierno boliviano anunció que había alcanzado un "principio de acuerdo" con la eléctrica española para pagarle una compensación por la nacionalización de sus subsidiarias decretada a finales de 2012.
Entre las nacionalizaciones cuyas indemnizaciones están pendientes figuran las cuatro filiales bolivianas de Iberdrola expropiadas: las distribuidoras eléctricas Electropaz y Elfeo, la empresa de servicios Edeser y una gestora de inversiones.
Desde su llegada al poder en 2006, el Gobierno que preside Evo
Morales ha nacionalizado una veintena de empresas petroleras,
eléctricas, cementeras y mineras, entre otras, pertenecientes a
inversores estadounidenses, canadienses, europeos y bolivianos.
Según informa este sábado el diario español El País en su página web, la compañía española señala en su informe anual que ha decidido acudir a esta vía ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo amistoso y a la vista del tiempo transcurrido desde que notificó la demanda del
arbitraje el 29 de julio de 2014.
En diciembre pasado, el Gobierno boliviano anunció que había alcanzado un "principio de acuerdo" con la eléctrica española para pagarle una compensación por la nacionalización de sus subsidiarias decretada a finales de 2012.
Entre las nacionalizaciones cuyas indemnizaciones están pendientes figuran las cuatro filiales bolivianas de Iberdrola expropiadas: las distribuidoras eléctricas Electropaz y Elfeo, la empresa de servicios Edeser y una gestora de inversiones.
Desde su llegada al poder en 2006, el Gobierno que preside Evo
Morales ha nacionalizado una veintena de empresas petroleras,
eléctricas, cementeras y mineras, entre otras, pertenecientes a
inversores estadounidenses, canadienses, europeos y bolivianos.
lunes, 22 de diciembre de 2014
Bolivia logra “principio de acuerdo” con Iberdrola
Bolivia logró concretar un “principio de acuerdo” con la empresa española Iberdrola, por la nacionalización de cuatro de sus filiales, entre ellas, las distribuidoras de electricidad - Electropaz de La Paz y Luz y Fuerza - Elfeo de Oruro, informó el domingo el procurador general del Estado, Héctor Arce.
“La semana pasada, un día miércoles, prácticamente hemos llegado a un acuerdo con esta empresa, hay un principio de acuerdo muy importante que será dado a conocer seguramente los primeros días de enero”, informó en una entrevista con medios estatales.
Arce no precisó el monto exacto que se pagará a Iberdrola, pero adelantó que será “muy inferior” al que demandó esa compañía española.
“Se pagará un monto muy inferior al demandado, un monto basado en la propia evaluación que hizo la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) y que hizo el Ministerio de Hidrocarburos”, agregó Arce.
Ratificó que la Procuraduría seguirá defendiendo de manera “muy férrea” los intereses del Estado boliviano, por encima de las aspiraciones que tienen las grandes transnacionales.
“Acá en Bolivia no favorecemos el interés transnacional y nadie podrá venir a enriquecerse y después beneficiarse”, insistió en la entrevista.
“La semana pasada, un día miércoles, prácticamente hemos llegado a un acuerdo con esta empresa, hay un principio de acuerdo muy importante que será dado a conocer seguramente los primeros días de enero”, informó en una entrevista con medios estatales.
Arce no precisó el monto exacto que se pagará a Iberdrola, pero adelantó que será “muy inferior” al que demandó esa compañía española.
“Se pagará un monto muy inferior al demandado, un monto basado en la propia evaluación que hizo la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) y que hizo el Ministerio de Hidrocarburos”, agregó Arce.
Ratificó que la Procuraduría seguirá defendiendo de manera “muy férrea” los intereses del Estado boliviano, por encima de las aspiraciones que tienen las grandes transnacionales.
“Acá en Bolivia no favorecemos el interés transnacional y nadie podrá venir a enriquecerse y después beneficiarse”, insistió en la entrevista.
viernes, 14 de noviembre de 2014
Bolivia concluye arbitraje de la española REI por 18% de $us 200 millones demandados
El Estado Plurinacional de Bolivia y la empresa española Red Eléctrica Internacional S.A.U. firmaron este jueves, en Cochabamba, el contrato de solución definitiva de controversias que pone fin al arbitraje iniciado por la subsidiaria ibérica.
El procurador general del Estado Plurinacional, Héctor Arce Zaconeta, afirmó que tras este acuerdo, el Estado boliviano sólo pagará el 18% de lo demandado por La REI que, al inicio del proceso, exigía 200 millones de dólares por la nacionalización de su paquete accionario.
“Siguiendo una lógica de trabajo que ha impulsado la Procuraduría General del Estado, con la rúbrica de este documento claro y transparente, se cierra definitivamente la controversia con la empresa Red Eléctrica Internacional S.A.U.”, declaró Arce.
Arce Zaconeta dijo que, “como país y como gobierno, está absolutamente claro, que las empresas que han obrado de manera correcta en el país y que han sido nacionalizadas fruto de un proceso motivados por la Constitución y por los altos intereses del Estado y deseen llegar a un acuerdo con Bolivia, sin que se pague más de lo que corresponde, siempre serán bienvenidas”.
En el acto estuvieron también presentes, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa Soruco; el embajador de España, Ángel Vázquez Díaz; el presidente interino de la Empresa Nacional de Electricidad de Electricidad, Jorge Arturo Iporre Salguero, mientras que por parte de la REI, participaron de la firma Juan Lasala y Rafael García de Diego.
El ministro Sosa, felicitó a la Procuraduría General del Estado y a los ejecutivos españoles por haber llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
Entre tanto, el embajador de España quien estuvo presente en el acto de suscripción de la firma, hizo conocer que “el Gobierno Español se alegra que este acuerdo haya podido suceder”
Entre tanto el Presidente de la Empresa Nacional de Electricidad, Arturo Iporre, tras recibir los títulos accionarios endosados en propiedad a nombre de ENDE, por parte de los ejecutivos españoles, afirmó que el Estado ahora controla más del 80% del transporte de electricidad del país.
Antecedentes
El 1 de mayo de 2012 Bolivia nacionalizó el paquete accionario que poseía la empresa Española, cumpliendo la Constitución que señala que el acceso a la electricidad como un derecho humano.
En 2014 la REI inició el proceso de arbitraje exigiendo más de 200 millones de dólares como compensación por sus acciones nacionalizadas, sin embargo, luego de las negociaciones entre ambas partes se acordó el pago de 65 millones.
De este monto se descuenta 26.155 millones para deudas contractuales a ENDE y 3.283 millones de dólares para contingencias tributarias haciendo un total de líquido pagable de 36.511 millones el 18.3% del monto demandado inicialmente por la REI.
El procurador general del Estado Plurinacional, Héctor Arce Zaconeta, afirmó que tras este acuerdo, el Estado boliviano sólo pagará el 18% de lo demandado por La REI que, al inicio del proceso, exigía 200 millones de dólares por la nacionalización de su paquete accionario.
“Siguiendo una lógica de trabajo que ha impulsado la Procuraduría General del Estado, con la rúbrica de este documento claro y transparente, se cierra definitivamente la controversia con la empresa Red Eléctrica Internacional S.A.U.”, declaró Arce.
Arce Zaconeta dijo que, “como país y como gobierno, está absolutamente claro, que las empresas que han obrado de manera correcta en el país y que han sido nacionalizadas fruto de un proceso motivados por la Constitución y por los altos intereses del Estado y deseen llegar a un acuerdo con Bolivia, sin que se pague más de lo que corresponde, siempre serán bienvenidas”.
En el acto estuvieron también presentes, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa Soruco; el embajador de España, Ángel Vázquez Díaz; el presidente interino de la Empresa Nacional de Electricidad de Electricidad, Jorge Arturo Iporre Salguero, mientras que por parte de la REI, participaron de la firma Juan Lasala y Rafael García de Diego.
El ministro Sosa, felicitó a la Procuraduría General del Estado y a los ejecutivos españoles por haber llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
Entre tanto, el embajador de España quien estuvo presente en el acto de suscripción de la firma, hizo conocer que “el Gobierno Español se alegra que este acuerdo haya podido suceder”
Entre tanto el Presidente de la Empresa Nacional de Electricidad, Arturo Iporre, tras recibir los títulos accionarios endosados en propiedad a nombre de ENDE, por parte de los ejecutivos españoles, afirmó que el Estado ahora controla más del 80% del transporte de electricidad del país.
Antecedentes
El 1 de mayo de 2012 Bolivia nacionalizó el paquete accionario que poseía la empresa Española, cumpliendo la Constitución que señala que el acceso a la electricidad como un derecho humano.
En 2014 la REI inició el proceso de arbitraje exigiendo más de 200 millones de dólares como compensación por sus acciones nacionalizadas, sin embargo, luego de las negociaciones entre ambas partes se acordó el pago de 65 millones.
De este monto se descuenta 26.155 millones para deudas contractuales a ENDE y 3.283 millones de dólares para contingencias tributarias haciendo un total de líquido pagable de 36.511 millones el 18.3% del monto demandado inicialmente por la REI.
jueves, 13 de noviembre de 2014
El Gobierno efectiviza pago a Red Eléctrica
El Gobierno firmará hoy el contrato de solución definitiva de controversias con la empresa española Red Eléctrica Internacional (REI), consolidando de manera definitiva la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE).
El procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta, informó ayer que el acto se realizará en Cochabamba. Para este fin llegarán los representantes legales de REI, Rafael García de Diego, y Juan Lasala, quienes firmarán los documentos junto a representantes del Ejecutivo y del presidente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).
El Gobierno aprobó el 22 de octubre el Decreto Supremo 2156 que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizar aportes adicionales de capital a ENDE Corporación por un monto de hasta Bs 454.72 millones para indemnizar a la compañía de capitales españoles.
jueves, 29 de mayo de 2014
Cierran acuerdo con Rurelec por Guaracachi
La Procuraduría General de Bolivia y la empresa británica Rurelec firmarán hoy en Cochabamba un convenio para el pago de 31,7 millones de dólares por la nacionalización en 2010 de su subsidiaria eléctrica Guaracachi.
El procurador general del Estado, Héctor Arce, avanzó ayer la firma de este acuerdo, que fue alcanzado a principios de mes y por el que el Gobierno pagará 10 millones de dólares menos de lo establecido en enero pasado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. "En Cochabamba se firmará el acuerdo de recursos provistos por el Ministerio de Hacienda a través del Tesoro General de la Nación y con eso obviamente quedará saneada la nacionalización (...)”, dijo Arce.
El convenio fue logrado en Madrid hace menos de un mes y fue el resultado de las negociaciones posteriores al laudo emitido el 31 de enero por la Corte de Arbitraje de La Haya, que estableció una deuda global de 41,8 millones de dólares.
Según indicó entonces el procurador del Estado, Rurelec renunció a cobrar dividendos por 5,7 millones de dólares. La compañía también aceptó no percibir una suma de 1,4 millones de dólares por obligaciones que tenía con el Estado y renunció asimismo a un 35 % de los intereses acumulados, con lo que Bolivia ahorró 10,2 millones de dólares.
El procurador general del Estado, Héctor Arce, avanzó ayer la firma de este acuerdo, que fue alcanzado a principios de mes y por el que el Gobierno pagará 10 millones de dólares menos de lo establecido en enero pasado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. "En Cochabamba se firmará el acuerdo de recursos provistos por el Ministerio de Hacienda a través del Tesoro General de la Nación y con eso obviamente quedará saneada la nacionalización (...)”, dijo Arce.
El convenio fue logrado en Madrid hace menos de un mes y fue el resultado de las negociaciones posteriores al laudo emitido el 31 de enero por la Corte de Arbitraje de La Haya, que estableció una deuda global de 41,8 millones de dólares.
Según indicó entonces el procurador del Estado, Rurelec renunció a cobrar dividendos por 5,7 millones de dólares. La compañía también aceptó no percibir una suma de 1,4 millones de dólares por obligaciones que tenía con el Estado y renunció asimismo a un 35 % de los intereses acumulados, con lo que Bolivia ahorró 10,2 millones de dólares.
jueves, 22 de mayo de 2014
Gobierno autoriza desembolso de Bs 220,7 millones a favor de Ende para pagar a Rurelec
El Gobierno boliviano, a través de un Decreto Supremo, autorizó el desembolso de un capital adicional de 220.797.791 bolivianos (31,7 millones de dólares) a favor de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), para consolidar el pago a la británica Rurelec PLC por la adquisición del paquete accionario nacionalizado en la Empresa Eléctrica Guaracachi SA.
Según una disposición adicional de ese Decreto Supremo, al que tuvo acceso la agencia ABI, se autoriza al Ministerio de Economía realizar el aporte adicional con recursos provenientes del Tesoro General de Nación (TGN).
De esa manera, se instruye a Ende matriz pagar el monto correspondiente al total del paquete accionario de Rurelec PLC en la empresa Guaracachi SA, eléctrica nacionalizada el 1 de mayo de 2010.
Además, el Decreto Supremo autoriza al Ministerio de Hidrocarburos y Energía y al Presidente Interino de Ende participar en las negociaciones con la empresa Rurelec, con el objetivo de pactar las condiciones y renuncias necesarias para la suscripción de un 'contrato de cumplimiento del laudo arbitral de 31 de enero de 2014', precautelando 'los altos intereses' del Estado boliviano.
El 24 de noviembre de 2010, Rurelec demandó al Estado boliviano por la nacionalización de sus acciones en Guaracachi. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya estableció compensar a Rurelec con 28,9 millones de dólares, más intereses, cifra inferior a la que demandó esa compañía británica, cuyo monto ascendía a 142 millones de dólares.
El procurador general del Estado, Héctor Arce, anunció el pasado 2 de mayo que el Gobierno boliviano y los representantes de la compañía Rurelec PLC acordaron en 31.534.613 dólares el pago por la nacionalización de Guaracachi.
miércoles, 23 de abril de 2014
Procuraduría negocia con Rurelec para reducir el pago
El procurador general del Estado (PGE), Héctor Arce, informó ayer que el Gobierno sostiene negociaciones con la empresa Rurelec para bajar los 28,9 millones de dólares del laudo que determinó La Haya, por la nacionalización de Guaracachi.
En el caso de que no se llegue a un acuerdo se buscará la impugnación del fallo, dijo Arce. "Hay un laudo que se dictó, nosotros hemos tomado contacto con la empresa en aras de precautelar el interés del Estado”, informó.
Los encuentros fueron para ver si la empresa inglesa todavía debe reconocer algunas obligaciones pendientes y así bajar el monto del laudo. "Si es que esa situación se diera, por supuesto se puede abrir un proceso de diálogo para el cumplimiento del laudo; si no hay mecanismos y procedimientos que permiten la impugnación de esta situación”, mencionó Arce.
En el caso de que no se llegue a un acuerdo se buscará la impugnación del fallo, dijo Arce. "Hay un laudo que se dictó, nosotros hemos tomado contacto con la empresa en aras de precautelar el interés del Estado”, informó.
Los encuentros fueron para ver si la empresa inglesa todavía debe reconocer algunas obligaciones pendientes y así bajar el monto del laudo. "Si es que esa situación se diera, por supuesto se puede abrir un proceso de diálogo para el cumplimiento del laudo; si no hay mecanismos y procedimientos que permiten la impugnación de esta situación”, mencionó Arce.
sábado, 5 de abril de 2014
España afirma que no hay avances con Iberdrola
El embajador de España en Bolivia, Ángel Vásquez, informó ayer que no hay avances en las negociaciones que sostiene el Estado con la empresa Iberdrola, luego de que el Gobierno boliviano decidiera nacionalizar sus cuatro filiales en diciembre de 2012.
"En el caso de Iberdrola, la negociación de momento no dio resultado; ya pasaron dos años, pero la empresa decidió que aún no se recurrirá al arbitraje”, explicó el diplomático, luego de la promulgación de la nueva Ley de Promoción de Inversiones.
En septiembre de 2013, en la Procuraduría General del Estado informaron que se busca llegar a un entendimiento con Iberdrola para "hacer una compensación justa”, que se hará una vez culminadas las valuaciones respectivas.
Mediante Decreto 1448 de 2012, se nacionalizaron las filiales Electropaz, Luz y Fuerza de Oruro, la Compañía Administradora de Empresas Bolivia SA y la Empresa de Servicios.
El diplomático Vásquez también explicó que, pese a que la empresa Red Eléctrica de España decidió demandar a Bolivia, eso no significa que no se pueda llegar a un acuerdo mientras dure el arbitraje, que se inició a fines de febrero de este año.
"En el caso de Iberdrola, la negociación de momento no dio resultado; ya pasaron dos años, pero la empresa decidió que aún no se recurrirá al arbitraje”, explicó el diplomático, luego de la promulgación de la nueva Ley de Promoción de Inversiones.
En septiembre de 2013, en la Procuraduría General del Estado informaron que se busca llegar a un entendimiento con Iberdrola para "hacer una compensación justa”, que se hará una vez culminadas las valuaciones respectivas.
Mediante Decreto 1448 de 2012, se nacionalizaron las filiales Electropaz, Luz y Fuerza de Oruro, la Compañía Administradora de Empresas Bolivia SA y la Empresa de Servicios.
El diplomático Vásquez también explicó que, pese a que la empresa Red Eléctrica de España decidió demandar a Bolivia, eso no significa que no se pueda llegar a un acuerdo mientras dure el arbitraje, que se inició a fines de febrero de este año.
miércoles, 26 de febrero de 2014
Española Red Eléctrica pide arbitraje por la expropiación de filial boliviana
La compañía Red Eléctrica de España (REE) presentará hoy una "notificación de arbitraje" internacional respecto a la compensación por la expropiación en 2012 de su filial boliviana, TdE.
Según explicaron a Efe fuentes de la compañía, se presentará una notificación ante la procuraduría de Bolivia que a su vez citará a las partes para decidir en qué tribunal se dirimirá el arbitraje.
El presidente de la compañía, José Folgado, señaló hoy en una conferencia con analistas que ha decidido presentar esta notificación ante la "disparidad" entre las ofertas de compensación recibidas y los importes mínimos que podían ser aceptables por la empresa.
Pese a esta decisión, Folgado subrayó que el grupo "no cerrará la puerta" a la posibilidad de lograr un acuerdo por la vía de la negociación.
La expropiación a REE, en mayo de 2012, no es el único conflicto entre empresas españolas y el Gobierno boliviano, que también nacionalizó varias filiales de Iberdrola, en diciembre de 2012, o de Abertis, en febrero de 2013.
El 13 de diciembre de 2013, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, afirmó en una visita a España que estaba seguro de que habría "un acuerdo mutuamente beneficioso" respecto a los casos de REE e Iberdrola, pero las reuniones celebradas entre las partes todavía no han dado lugar a un acuerdo.
La inversión española en Bolivia ascendió a 415 millones de dólares y representaba el 43 % del total de inversión extranjera en el primer semestre de 2013, lo que convierte a España en el primer inversor en el país, según datos del Banco Central de Bolivia.
viernes, 14 de febrero de 2014
Rurelec dejaría de pagar a Bolivia $us 92 millones
Rurelec, la empresa que debiera recibir $us 28,9 millones del Estado boliviano por el laudo arbitral del caso Guaracachi, puede evitar el pago de $us 92,7 millones a las arcas nacionales por mandato del fallo del Tribunal de La Haya, cifrado como el caso, CPA No. 2011-17.
“El valor de la empresa EGSA (Guaracachi) en mayo de 2010 asciende a 150,55 millones de dólares, si se restan a dicho valor de empresa los 92,7 millones de deuda financiera de EGSA y se toma en consideración que los demandantes (Rurelec) ostentaban el 50,00135% del capital de EGSA, la compensación real debería ser de 28,93 millones de dólares” señala el punto 604 del veredicto arbitral.
Si se toma en cuenta que Rurelec debe pagar la mitad de la deuda de $us 92,7 millones, por tener el 50% de las acciones, la deuda que le correspondería es de $us 46,35 millones que sumado a los 28,93 millones sería en total que se pagaría $us 75,28 millones que estaría pagando el Estado a Rurelec.
Las deudas
Según el informe “Guaracachi Nacionalizada”, realizada al 30 de junio de 2011, un año después de la nacionalización, la empresa capitalizada tenía deudas en ocho rubros que son: Proveedores, deudas sociales, deudas fiscales, deudas bancarias y financieras, otras cuentas por pagar, previsiones y provisiones, deuda contratada a largo plazo.
El analista Julio Alvarado recordó que luego de la nacionalización se recomendó al Gobierno la realización de una auditoría a EGSA para conocer la deuda que tenía con el Estado, pero que esas recomendaciones no fueron escuchadas.
Dijo que todas las empresas siempre hacen proyecciones de sus ganancias y que es esa suma la que fijan como indemnización y que cualquier gobierno debe rebatir esas cifras con los datos de auditorías especiales, tal como sucedió en el caso petrolero.
“Las petroleras dijeron que su inversión fue de $us 3.000 millones, pero las auditorías revelaron que sólo invirtieron una tercera parte, entonces se pudo pagar menos, de ese mismo modo debió obrarse en el caso de EGSA; ahora hay que pagar más”, lamentó y recordó que la auditoría debe realizarse aparte para tener un mejor conocimiento de posibles deudas
El jucio
Reuniones
El miércoles, ejecutivos de Rurelec y autoridades de la Procuraduría se reunieron en la ciudad de Cochabamba.
Costas del juicio
Según el fallo, Bolivia debe empozar aún 71.268 dólares a los demandantes.
Menos dinero
Bolivia depositó 350 mil dólares para encarar el juicio ante el Tribunal de La Haya.
“El valor de la empresa EGSA (Guaracachi) en mayo de 2010 asciende a 150,55 millones de dólares, si se restan a dicho valor de empresa los 92,7 millones de deuda financiera de EGSA y se toma en consideración que los demandantes (Rurelec) ostentaban el 50,00135% del capital de EGSA, la compensación real debería ser de 28,93 millones de dólares” señala el punto 604 del veredicto arbitral.
Si se toma en cuenta que Rurelec debe pagar la mitad de la deuda de $us 92,7 millones, por tener el 50% de las acciones, la deuda que le correspondería es de $us 46,35 millones que sumado a los 28,93 millones sería en total que se pagaría $us 75,28 millones que estaría pagando el Estado a Rurelec.
Las deudas
Según el informe “Guaracachi Nacionalizada”, realizada al 30 de junio de 2011, un año después de la nacionalización, la empresa capitalizada tenía deudas en ocho rubros que son: Proveedores, deudas sociales, deudas fiscales, deudas bancarias y financieras, otras cuentas por pagar, previsiones y provisiones, deuda contratada a largo plazo.
El analista Julio Alvarado recordó que luego de la nacionalización se recomendó al Gobierno la realización de una auditoría a EGSA para conocer la deuda que tenía con el Estado, pero que esas recomendaciones no fueron escuchadas.
Dijo que todas las empresas siempre hacen proyecciones de sus ganancias y que es esa suma la que fijan como indemnización y que cualquier gobierno debe rebatir esas cifras con los datos de auditorías especiales, tal como sucedió en el caso petrolero.
“Las petroleras dijeron que su inversión fue de $us 3.000 millones, pero las auditorías revelaron que sólo invirtieron una tercera parte, entonces se pudo pagar menos, de ese mismo modo debió obrarse en el caso de EGSA; ahora hay que pagar más”, lamentó y recordó que la auditoría debe realizarse aparte para tener un mejor conocimiento de posibles deudas
El jucio
Reuniones
El miércoles, ejecutivos de Rurelec y autoridades de la Procuraduría se reunieron en la ciudad de Cochabamba.
Costas del juicio
Según el fallo, Bolivia debe empozar aún 71.268 dólares a los demandantes.
Menos dinero
Bolivia depositó 350 mil dólares para encarar el juicio ante el Tribunal de La Haya.
miércoles, 5 de febrero de 2014
1. Guaracachi America, Inc. (EE.UU.) y 2. Rurelec plc (Reino Unido) c. Estado Plurinacional de Bolivia
La CPA ofrece apoyo administrativo en este arbitraje, que se
desarrolla con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010 y
de conformidad con el Tratado entre el Gobierno de Estados Unidos de
América y el Gobierno de la República de Bolivia relativo al Fomento y
la Protección Recíproca de la Inversión y el Convenio entre el Gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República de Bolivia sobre el Fomento y la Protección de Inversiones de Capital.
Los miembros del Tribunal Arbitral son:
Dr. José Miguel Júdice (Árbitro Presidente)D. Manuel ContheDr. Raúl Emilio Vinuesa
Las Demandantes están representadas por:
Nigel BlackabyNoah D. RubinsLluís ParadellCaroline RichardJeffery CommissionFrancisco AbrianiBelinda McRaeFRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER US LLP
El Demandado está representado por:
Hugo Raúl Montero Lara, Procurador GeneralElizabeth Arismendi Chumacero, Subprocuradora de Defensa y Representación Legal del EstadoPROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
Documentos
- Notificación de Arbitraje de 24 de noviembre de 2010 (inglés)
- Notificación de las Demandantes del nombramiento de D. Manuel Conthe como árbitro, de 12 de enero de 2011 (español)
- Declaración de independencia e imparcialidad de D. Manuel Conthe
- Carta del Demandado relativa al nombramiento del Dr. Raúl Emilio Vinuesa como árbitro, de 28 de abril de 2011 (español)
- Declaración de independencia e imparcialidad del Dr. Raúl Emilio Vinuesa (español)
- Carta de la autoridad nominadora, nombrando al Dr. José Miguel Júdice como árbitro presidente, de 8 de agosto de 2011 (español)(inglés)
- Declaración de independencia e imparcialidad del Dr. José Miguel Júdice (inglés)
- Acta de Constitución y Orden de Procedimiento No1 (español) (inglés)
- Escrito de demanda (inglés)(español)
- Orden de Procedimiento N°2 de 2 de julio de 2012 (español) (inglés)
- Orden de Procedimiento N°3 de 9 de agosto de 2012 (español) (inglés)
- Orden de Procedimiento N°4 de 13 de agosto de 2012 (español) (inglés)
- Orden de Procedimiento N°5 de 24 de agosto de 2012 (español) (inglés)
- Orden de Procedimiento N°6 de 30 de agosto de 2012 (español) (inglés)
- Orden de Procedimiento N°7 de 3 de septiembre de 2012 (español) (inglés)
- Memorial de Objeciones a la Jurisdicción, de 17 de septiembre de 2012 (español)
- Orden de Procedimiento N°8 de 9 de octubre de 2012 (español)(inglés)
- Memorial de Contestación a la Demanda de 15 de octubre de 2012 (español)
- Memorial de Contrademanda Jurisdiccional de las Demandantes, de 26 de octubre de 2012 (inglés)
- Orden de Procedimiento N°9 de 23 de noviembre de 2012 (español)(inglés)
- Réplica del Demandado sobre Jurisdicción de 26 de noviembre de 2012 (español)
- Orden de Procedimiento N°10 de 17 de diciembre de 2012 (español)(inglés)
- Dúplica sobre Jurisdicción de las Demandantes de 20 de diciembre de 2012 (inglés)
- Carta de las Demandantes de 2 de enero de 2013 (inglés)
- Carta del Demandado de 14 de enero de 2013 (español)
- Réplica de las Demandantes sobre el fondo de 21 de enero de 2013 (inglés)
- Orden de Procedimiento N°11 de 25 de enero de 2013 (español)(inglés)
- Solicitud de Cautio Judicatum Solvi del Demandado de 12 de febrero de 2013 (español)
- Orden de Procedimiento N°12 de 14 de febrero de 2013 (español)(inglés)
- Contestación de las Demandantes a la Solicitud de Cautio Judicatum Solvi de 20 de febrero de 2013 (inglés)
- Orden de Procedimiento N°13 de 21 de febrero de 2013 (español)(inglés)
- Dúplica sobre el fondo del Demandado de 3 de marzo de 2013 (español)
- Orden de Procedimiento N°14 de 11 de marzo de 2013 (español)(inglés)
- Orden de Procedimiento N°15 de 11 de marzo de 2013 (español)(inglés)
- Orden de Procedimiento N°16 de 21 de marzo de 2013 (español)(inglés)
- Orden de Procedimiento N°17 de 27 de marzo de 2013 (español)(inglés)
- Orden de Procedimiento N°18 de 1 de abril de 2013 (español)(inglés)
- Audiencia (grabaciones de audio) de 2-9 de abril de 2013
- Audiencia (transcripciones) de 2-9 de abril de 2013*
*Las anteriores transcripciones prevalecen únicamente en el idioma original de los respectivos alegatos o testimonios. Para mayor facilidad, el idioma original de alegatos o testimonios se indica en la tabla adjunta aqui.
Bolivia pedirá nulidad del fallo o reducir compensación a Rurelec
La Procuraduría General del Estado (PGE) analiza dos opciones para revertir el fallo del Tribunal de la Corte Permanente de La Haya y que favorece a la compañía británica Rurelec PLC: pedir la nulidad del laudo o solicitar la reducción de la compensación “a su mínima expresión”.
“De acuerdo al procedimiento arbitral, a las normas internacionales y normas holandesas (...) se puede pedir una anulación del laudo ante tribunales holandeses en el lapso de tres meses”, informó ayer el procurador general del Estado, Raúl Montero.
Destacó también que el país tiene “la posibilidad de hacer un análisis para reducir este monto a su mínima expresión usando los recursos y procedimientos que nos faculta la ley”. El 1 de mayo de 2010, el Gobierno nacionalizó el 50,001% de las acciones que tenía la estadounidense Guaracachi America Inc. (GAI) en la Empresa Guaracachi SA (EGSA). GAI es subsidiaria de la británica Rurelec.
El 31 de enero de 2014, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA) notificó al Estado boliviano sobre la decisión del Tribunal Arbitral que se constituyó para resolver los reclamos interpuestos por la empresa estadounidense GAI y Rurelec PLC.
Proceso. El Procurador General explicó que el Tribunal Arbitral admitió la mayoría de las objeciones jurisdiccionales planteadas por el Estado, lo que generó argumentos sobre la cuantificación para reducir en un 80% el monto de compensación reclamada por Rurelec, que ascendía a $us 142,96 millones. “El laudo (arbitral) es por $us 28.927.583 más intereses, monto no definitivo, porque Bolivia aún puede hacer uso de los recursos previstos en el Reglamento CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional)”, afirmó Montero.
Sostuvo que ése es el monto oficial de la compensación ordenado por el Tribunal Arbitral y no los $us 41 millones anunciados por la compañía. Además, dijo que los $us 5,5 millones reclamados por Rurelec por concepto de pago de dividendos no corresponde, porque este monto de dinero ya fue incluido en la valuación de su paquete accionario. “Por este motivo no corresponde ningún pago”.
Montero indicó que la decisión del Tribunal generó que el valor de las acciones de Rurelec en la Bolsa de Londres baje hasta en 26%, “y tiene una tendencia a caer mucho más”. “Por esa razón, la empresa recurrió a lo mediático, basado en datos falsos, para salvar el valor de sus acciones”.
Asimismo, reveló que en este proceso arbitral existen ciudadanos bolivianos que atestiguaron en contra del Estado boliviano. “Esto no implica ninguna medida de amenaza, pero hay que tomarlo en cuenta para calificarlo de dónde vienen los intereses que han estado también en juego en un arbitraje de esta naturaleza”.
Mencionó que durante el arbitraje, la compañía eléctrica pidió que al momento de pagar los intereses se calculen a un 10,34% anual. Sin embargo, el Tribunal, en base a los argumentos presentados por el país, decidió que ese interés sea calculado a 5,6331%. “Es otro logro procesal que ha conseguido en este proceso arbitral”. A partir del 1 de febrero corre el pago por concepto de intereses a favor de la compañía. Haciendo un cálculo sobre los $us 28,9 millones, el rendimiento para la firma sería de unos $us 3.928 por día y $us 1,6 millones al año.
Costos del arbitraje en La Haya
Quántum
El procurador general del Estado, Raúl Montero, expresó que “el demandado (Bolivia) ha resultado en buena medida vencedor respecto al quántum (cantidad), reduciendo la compensación final a ser pagada a menos de la cuarta parte de la demanda original presentada por Rurelec”.
Fallo
Montero manifestó que desde un punto de vista técnico, Guaracachi América Inc. (GAI) “ha resultado completamente vencida” en este procedimiento y Rurelec únicamente vencedor en parte, según el fallo.
Morales dice que el Gobierno respeta el fallo
El presidente Evo Morales manifestó ayer que el Gobierno respeta las decisiones de los tribunales internacionales, aunque observó que en estos casos de arbitraje se favorece a las compañías privadas. “Respetamos a las instituciones internacionales, aunque no comparto con arbitrajes, siempre gana la empresa privada y nunca el Estado, pero la posición de mi gobierno siempre será de respeto”, afirmó en rueda de prensa en el Palacio Quemado.
Informó que un equipo jurídico de la Procuraduría General del Estado estudia el laudo del Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya para definir nuevas acciones. “Respetamos la resolución, ayer (lunes) organizamos una pequeña reunión para que se estudie ese fallo, oportunamente diremos qué hacer”, expresó Morales.
Nacionalización. Según la PGE, el Tribunal Arbitral estableció que el Estado boliviano debe pagar $us 28,9 millones a la empresa británica por la nacionalización de la empresa generadora de electricidad Guaracachi, el 1 de mayo de 2010. El argumento para recurrir al arbitraje fue que la administración boliviana vulneró el Tratado Bilateral de Protección a las Inversiones firmado entre Bolivia y el Reino Unido.
Rurelec, mediante un comunicado publicado el domingo en su página web, afirmó que el Tribunal concluyó que dicha nacionalización “fue ilegal” y que Bolivia deberá pagar $us 41 millones, que están divididos en dos rubros: una compensación total de $us 35,53 millones al 31 de enero de 2014 y un pago de dividendos obtenidos antes de la expropiación por $us 5,5 millones. El arbitraje en contra del Estado boliviano fue interpuesto el 13 de mayo de 2010, dos semanas después de la nacionalización.
martes, 4 de febrero de 2014
Corte favoreció a Rurelec por la violación a tratado de inversión
El Estado vulneró el Tratado Bilateral de Protección a las Inversiones entre Bolivia y Reino Unido (TBI), al no haber compensado económicamente a Rurelec por la nacionalización de la empresa Guaracachi en 2010, según los fundamentos de la resolución de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya para emitir un fallo o laudo.
Esa resolución obliga al Estado boliviano a resarcir a Rurelec con 28,9 millones de dólares por la nacionalización del 50% de su paquete accionario en la generadora de energía eléctrica.
El monto total de la indemnización, sumados los intereses, llega a 41 millones de dólares, que es el 28,6% de lo que exigió la firma británica en la demanda.
El TBI entre los gobiernos de Bolivia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sobre el Fomento y la Protección de las Inversiones de Capital, fue suscrito el 24 de mayo de 1988 y está vigente desde febrero de 1990.
Según la Corte, con la nacionalización de Guaracachi el país vulneró el artículo 5 del TBI, que señala que "(...) cuando se nacionalice las inversiones de capital de nacionales o sociedades de una de las partes contratantes debe haber una justa compensación. Ésta deberá responder al valor de mercado de las inversiones de capital inmediatamente antes de la fecha de hacerse efectiva la expropiación o de hacerse pública la inminente expropiación, cualquiera que sea la anterior, comprenderá los intereses conforme al tipo normal comercial o legal”.
Además, precisa que el pago debe efectuarse sin demora.
Rurelec confirmó en un comunicado oficial que la medida del presidente Evo Morales se llevó a cabo "en violación al Tratado Bilateral de Protección a las Inversiones entre Bolivia y Gran Bretaña”.
Además, remarca que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya dispone que, de conformidad con el TBI y con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI ), el laudo arbitral es "definitivo y vinculante para Bolivia y se llevará a cabo sin demora”.
El domingo, en un comunicado de prensa, el procurador general del Estado, Hugo Raúl Montero, anunció que "analizando a detalle el laudo, se decidirá la próxima acción legal a seguir conforme las reglas del arbitraje”.
El embajador de la Unión Europea en Bolivia, Timothy Torlot, afirmó que, una vez conocido el laudo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, éste debe ser respetado por el Estado boliviano y Rurelec.
"Creo que ambas partes necesitan seguir el arbitraje y cumplir con sus acuerdos (…); hay un acuerdo que es la manera legal de resolver controversias y es lo que hemos visto con mucho éxito en el caso de La Haya, en la controversia Perú-Chile, es la esperanza también de Bolivia en el caso contra Chile; entonces, hay que respetar los arbitrajes internacionales en este caso”, afirmó, de acuerdo con el reporte del portal de Fides.
A tiempo de remarcar la importancia de que el caso haya llegado a un laudo arbitral o resolución, aseguró que el Gobierno boliviano debe aclarar las bases de los acuerdos y del trabajo conjunto con empresas extranjeras en la Ley de Inversiones, sobre todo si se toma en cuenta la influencia de la inversión extranjera en el crecimiento económico del país.
Los otros procesos arbitrales
Petrolera El Estado enfrenta otro arbitraje con Pan American Energy (PAE), la exaccionista de la petrolera Chaco, por el cual se demanda un pago de 1.496 millones de dólares. La Procuraduría proyecta una respuesta a la demanda y prevé el uso de recursos arbitrales.
Procesos El Gobierno también nacionalizó la mina Mallku Khota, operada por South American Silver; revocó 11 concesiones mineras de Quibórax y tiene procesos con Abertis Infraestructuras, Air BP, Iberdrola de Inversiones SA y Red Eléctrica Internacional (REI).
Empresarios afirman que se debe acatar el fallo
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, afirmó que se debe acatar el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que obliga al Estado a pagar a Rurelec 28,9 millones de dólares, además de los intereses por la nacionalización de sus acciones en la eléctrica Guaracachi.
"Los fallos se deben cumplir, ya sea que estemos de acuerdo o no; son fallos judiciales y debemos tener fe en esa justicia que se ha hecho, acá o en el exterior”, dijo.
Recordó que uno de los casos que resolvió la instancia internacional fue entre Perú y Chile. "Creo que cualquier otra motivación adicional a querer reclamar sobre algo que ya ha sido dictado, sería muy perjudicial para la imagen de un país que está buscando justicia también”, afirmó.
Según Rurelec, el Tribunal de Arbitraje de La Haya determinó que Bolivia debe indemnizar a Rurelec con 35,5 millones de dólares y pagar otros 5,5 millones de dólares por los dividendos que no fueron saldados antes de la nacionalización de Guaracachi. En total, Bolivia debería pagar 41 millones dólares.
El pasado sábado, según indicó la compañía en un comunicado, difundido por EFE, la Corte encontró "ilegal” la reversión del 50% de las acciones de Rurelec al Estado el 1 de mayo de 2010.
Rurelec y Guaracachi America Inc. (GAI) oficializaron en marzo de 2012 una demanda de arbitraje contra el Estado ante ese tribunal, con un reclamo de 142,9 millones de dólares, como consecuencia de la reversión.
Esa resolución obliga al Estado boliviano a resarcir a Rurelec con 28,9 millones de dólares por la nacionalización del 50% de su paquete accionario en la generadora de energía eléctrica.
El monto total de la indemnización, sumados los intereses, llega a 41 millones de dólares, que es el 28,6% de lo que exigió la firma británica en la demanda.
El TBI entre los gobiernos de Bolivia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sobre el Fomento y la Protección de las Inversiones de Capital, fue suscrito el 24 de mayo de 1988 y está vigente desde febrero de 1990.
Según la Corte, con la nacionalización de Guaracachi el país vulneró el artículo 5 del TBI, que señala que "(...) cuando se nacionalice las inversiones de capital de nacionales o sociedades de una de las partes contratantes debe haber una justa compensación. Ésta deberá responder al valor de mercado de las inversiones de capital inmediatamente antes de la fecha de hacerse efectiva la expropiación o de hacerse pública la inminente expropiación, cualquiera que sea la anterior, comprenderá los intereses conforme al tipo normal comercial o legal”.
Además, precisa que el pago debe efectuarse sin demora.
Rurelec confirmó en un comunicado oficial que la medida del presidente Evo Morales se llevó a cabo "en violación al Tratado Bilateral de Protección a las Inversiones entre Bolivia y Gran Bretaña”.
Además, remarca que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya dispone que, de conformidad con el TBI y con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI ), el laudo arbitral es "definitivo y vinculante para Bolivia y se llevará a cabo sin demora”.
El domingo, en un comunicado de prensa, el procurador general del Estado, Hugo Raúl Montero, anunció que "analizando a detalle el laudo, se decidirá la próxima acción legal a seguir conforme las reglas del arbitraje”.
El embajador de la Unión Europea en Bolivia, Timothy Torlot, afirmó que, una vez conocido el laudo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, éste debe ser respetado por el Estado boliviano y Rurelec.
"Creo que ambas partes necesitan seguir el arbitraje y cumplir con sus acuerdos (…); hay un acuerdo que es la manera legal de resolver controversias y es lo que hemos visto con mucho éxito en el caso de La Haya, en la controversia Perú-Chile, es la esperanza también de Bolivia en el caso contra Chile; entonces, hay que respetar los arbitrajes internacionales en este caso”, afirmó, de acuerdo con el reporte del portal de Fides.
A tiempo de remarcar la importancia de que el caso haya llegado a un laudo arbitral o resolución, aseguró que el Gobierno boliviano debe aclarar las bases de los acuerdos y del trabajo conjunto con empresas extranjeras en la Ley de Inversiones, sobre todo si se toma en cuenta la influencia de la inversión extranjera en el crecimiento económico del país.
Los otros procesos arbitrales
Petrolera El Estado enfrenta otro arbitraje con Pan American Energy (PAE), la exaccionista de la petrolera Chaco, por el cual se demanda un pago de 1.496 millones de dólares. La Procuraduría proyecta una respuesta a la demanda y prevé el uso de recursos arbitrales.
Procesos El Gobierno también nacionalizó la mina Mallku Khota, operada por South American Silver; revocó 11 concesiones mineras de Quibórax y tiene procesos con Abertis Infraestructuras, Air BP, Iberdrola de Inversiones SA y Red Eléctrica Internacional (REI).
Empresarios afirman que se debe acatar el fallo
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, afirmó que se debe acatar el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que obliga al Estado a pagar a Rurelec 28,9 millones de dólares, además de los intereses por la nacionalización de sus acciones en la eléctrica Guaracachi.
"Los fallos se deben cumplir, ya sea que estemos de acuerdo o no; son fallos judiciales y debemos tener fe en esa justicia que se ha hecho, acá o en el exterior”, dijo.
Recordó que uno de los casos que resolvió la instancia internacional fue entre Perú y Chile. "Creo que cualquier otra motivación adicional a querer reclamar sobre algo que ya ha sido dictado, sería muy perjudicial para la imagen de un país que está buscando justicia también”, afirmó.
Según Rurelec, el Tribunal de Arbitraje de La Haya determinó que Bolivia debe indemnizar a Rurelec con 35,5 millones de dólares y pagar otros 5,5 millones de dólares por los dividendos que no fueron saldados antes de la nacionalización de Guaracachi. En total, Bolivia debería pagar 41 millones dólares.
El pasado sábado, según indicó la compañía en un comunicado, difundido por EFE, la Corte encontró "ilegal” la reversión del 50% de las acciones de Rurelec al Estado el 1 de mayo de 2010.
Rurelec y Guaracachi America Inc. (GAI) oficializaron en marzo de 2012 una demanda de arbitraje contra el Estado ante ese tribunal, con un reclamo de 142,9 millones de dólares, como consecuencia de la reversión.
domingo, 2 de febrero de 2014
Fallo ordena pagar $us 41 millones a Rurelec
La empresa británica Rurelec informó ayer que el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a su favor en el caso por la nacionalización de sus acciones en la eléctrica Guaracachi, por lo que el Gobierno de Bolivia deberá pagarle 41 millones de dólares, de los cuales 35,5 millones es el monto fijado por compensación y 5,5 millones por dividendos no pagados generados antes de la expropiación el 1 de mayo de 2010.
La británica indicó que el Tribunal concluyó que la nacionalización fue “ilegal” y agregó que se trata del primer laudo arbitral emitido por una corte internacional contra Bolivia. El Gobierno no se pronunció ayer sobre el fallo.
Según información difundida ayer por Rurelec en su portal electrónico, el Tribunal Arbitral constituido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de los Estados Comité de las Naciones para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), con asiento legal en La Haya, “ha confirmado la afirmación de que la expropiación de Rurelec de Bolivia 50,001 por ciento de participación de Rurelec en Empresa Guaracachi SA, el 1 de mayo de 2010, fue en violación de sus obligaciones bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre el Reino Unido y Bolivia”.
Según el documento, el “Tribunal llegó a la conclusión de que la expropiación fue ilegal” y se calcula una compensación total de 35.539.598 dólares (aproximadamente 21,6 millones euros) al 31 de enero de 2014, y el pago de 5,5 millones por dividendos no pagados y obtenidos antes de la nacionalización, sumando 41 millones de dólares.
“La compensación es superior a las 20.582.000 de libras que Rurelec ha pagado para adquirir su participación de control en Guaracachi en 2006”, añade.
Rurelec “no invirtió”
“De conformidad con el Tratado Bilateral de Inversiones y con las normas de la Cnudmi –señala el documento–, el laudo es definitivo y vinculante para Bolivia y se llevará a cabo sin demora.
Rurelec confía en que Bolivia cumplirá con sus obligaciones para con la empresa y el Reino Unido en virtud del Tratado y espera la pronta liquidación de la cantidad concedida”.
Según alegó meses atrás la Procuraduría General de Bolivia, Rurelec llegó al país sabiendo que la “nacionalización podía llevarse a cabo” y sin “invertir ningún centavo, endeudó a la empresa y, una vez ocurrida la nacionalización, se presentó ante el Tribunal Arbitral solicitando un cheque de más de 100 millones de dólares”.
Los Tiempos se comunicó ayer con el procurador Hugo Raúl Montero, para conocer la voz oficial del Gobierno sobre el fallo, pero se excusó de hacer declaraciones vía teléfono.
Bolivia alegaba deudas
Según un documento emitido en mayo del año pasado, el Gobierno argumentó que el Tribunal Arbitral no estaba en condiciones de atender el caso de Rurelec contra el Estado Plurinacional de Bolivia, y que el país no emitiría ninguna compensación ya que tras varios años de descapitalización y endeudamiento masivo (más de 92 millones de dólares sólo en deuda financiera), Guaracachi estaba en suspensión de pagos cuando se produjo la nacionalización y que la empresa debía millones a su proveedor de gas, no había colocado nuevas órdenes de compra y no tenía acceso a financiación; por lo que el Estado tuvo que rescatar a la empresa con préstamos millonarios provenientes de otras empresas estatales.
Luego de la nacionalización de las eléctricas de Guarachi, Valle Hermoso y Corani, en 2010, la ministra de Planificación, Viviana Caro, aseguró que Bolivia pagaría por indemnización un total no superior a los 50 millones de dólares por las tres empresas.
La británica indicó que el Tribunal concluyó que la nacionalización fue “ilegal” y agregó que se trata del primer laudo arbitral emitido por una corte internacional contra Bolivia. El Gobierno no se pronunció ayer sobre el fallo.
Según información difundida ayer por Rurelec en su portal electrónico, el Tribunal Arbitral constituido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de los Estados Comité de las Naciones para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), con asiento legal en La Haya, “ha confirmado la afirmación de que la expropiación de Rurelec de Bolivia 50,001 por ciento de participación de Rurelec en Empresa Guaracachi SA, el 1 de mayo de 2010, fue en violación de sus obligaciones bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre el Reino Unido y Bolivia”.
Según el documento, el “Tribunal llegó a la conclusión de que la expropiación fue ilegal” y se calcula una compensación total de 35.539.598 dólares (aproximadamente 21,6 millones euros) al 31 de enero de 2014, y el pago de 5,5 millones por dividendos no pagados y obtenidos antes de la nacionalización, sumando 41 millones de dólares.
“La compensación es superior a las 20.582.000 de libras que Rurelec ha pagado para adquirir su participación de control en Guaracachi en 2006”, añade.
Rurelec “no invirtió”
“De conformidad con el Tratado Bilateral de Inversiones y con las normas de la Cnudmi –señala el documento–, el laudo es definitivo y vinculante para Bolivia y se llevará a cabo sin demora.
Rurelec confía en que Bolivia cumplirá con sus obligaciones para con la empresa y el Reino Unido en virtud del Tratado y espera la pronta liquidación de la cantidad concedida”.
Según alegó meses atrás la Procuraduría General de Bolivia, Rurelec llegó al país sabiendo que la “nacionalización podía llevarse a cabo” y sin “invertir ningún centavo, endeudó a la empresa y, una vez ocurrida la nacionalización, se presentó ante el Tribunal Arbitral solicitando un cheque de más de 100 millones de dólares”.
Los Tiempos se comunicó ayer con el procurador Hugo Raúl Montero, para conocer la voz oficial del Gobierno sobre el fallo, pero se excusó de hacer declaraciones vía teléfono.
Bolivia alegaba deudas
Según un documento emitido en mayo del año pasado, el Gobierno argumentó que el Tribunal Arbitral no estaba en condiciones de atender el caso de Rurelec contra el Estado Plurinacional de Bolivia, y que el país no emitiría ninguna compensación ya que tras varios años de descapitalización y endeudamiento masivo (más de 92 millones de dólares sólo en deuda financiera), Guaracachi estaba en suspensión de pagos cuando se produjo la nacionalización y que la empresa debía millones a su proveedor de gas, no había colocado nuevas órdenes de compra y no tenía acceso a financiación; por lo que el Estado tuvo que rescatar a la empresa con préstamos millonarios provenientes de otras empresas estatales.
Luego de la nacionalización de las eléctricas de Guarachi, Valle Hermoso y Corani, en 2010, la ministra de Planificación, Viviana Caro, aseguró que Bolivia pagaría por indemnización un total no superior a los 50 millones de dólares por las tres empresas.
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