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sábado, 27 de abril de 2013
AE levantó intervención a Emprelpaz y campesinos anuncian movilizaciones
Campesinos amenazan con movilizaciones en defensa de Emprelpaz.
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) suspendió la intervención a la Empresa Rural de Electricidad La Paz S.A. (Emprelpaz), mediante la Resolución 220/2013 del 22 de abril pasado y otorgó, por disposiciones legales emitidas por el Gobierno, la línea de operación y servicio de electricidad a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) a través de la Distribuidora de Electricidad La Paz.
Ante este panorama, el directorio legalmente constituido y reconocido por el Tribunal Constitucional Plurinacional y Fundempresa, dirigido por Félix Sullca, tomó posesión de las instalaciones de Emprelpaz bajo el amparo de la Federación de Trabajadores Campesinos Túpac Katari y los ejecutivos provinciales de Los Andes, Manco Kapac y el alcalde de Palca, Vicente Yujra.
El directorio de Emprelpaz, Laureano Limachi miembro de la Comisión de Electricidad y Energía de la Federación Tupac Katari, dirigentes campesinos y trabajadores de Emprelpaz convocaron a las provincias de La Paz para ejercer una lucha movilizada contra el Gobierno en procura de recuperar esta empresa distribuidora de electricidad, que pertenece a más de 20.000 campesinos socios, que contribuyeron con recursos económicos a la creación y funcionamiento de esta entidad desde la década del 70.
Félix Sulla informó a los dirigentes de la Federación Túpac Katari que reciben, después de un año y medio de intervención por parte de la AE, una empresa desmantelada y con una deuda de 67 millones de bolivianos, cuando el daño causado por la gestión administrativa del exgerente general de Emprelpaz, David Olivarez, ocasionó un daño de 33 millones.
“En estos momentos de crisis, donde el Gobierno mediante las resoluciones de la Autoridad de Electricidad y el Decreto 1448 del 29 de diciembre de 2012, pretenden apoderarse de esta empresa que pertenece a las provincias de La Paz. Es por eso que convocaremos mediante nuestro ente matriz la Federación de Campesinos Tupac Katari a un ampliado departamental para definir medidas de presión hasta que el Gobierno nos devuelva la empresa”, dijo.
El nuevo Directorio está compuesto por: Nicolás Quispe Intimayta, Máximo Nina Cortez de la provincia Ingavi, Víctor Ramos Alanoca de la provincia Murillo, Félix Sullca Quispe de la provincia Los Andes y Florentino Tocona Quino de Los Andes.
ANTECEDENTES
El actual directorio logró jurar al cargo después de un poco más de cuatro años. La Asamblea de Accionistas del 26 de febrero de 2009 eligió a los actuales directores, que no lograron posesionarse debido a las irregularidades jurídicas interpuesta por el entonces gerente general de Emprelpaz, David Olivares, actualmente recluido en la cárcel de San Pedro.
El 10 de febrero de 2010, un Juzgado de Achacachi dictó procedente el amparo interpuesto contra el acta de posesión de los actuales directores, por lo que esa determinación fue enviada a revisión al Tribunal Constitucional de Sucre, instancia judicial que anuló, el 29 de mayo de 2012, la disposición judicial de Achacachi y volvió a poner en vigencia el acta de posesión del 26 de febrero de 2009.
miércoles, 24 de abril de 2013
Autoridad de Electricidad finaliza intervención a Emprelpaz
El director Ejecutivo de la Autoridad de Electricidad (AE), Richard Alcocer, informó que concluyó la intervención a la distribuidora de energía en el área rural de La Paz, Emprelpaz, entre tanto en Trinidad investigan las causas del corte del suministro ocurrido en días pasados, los resultados se esperan para dentro de diez días, informó la ANF.
Alcocer detalló que corresponde a esta entidad “fiscalizar la calidad del servicio”, en las distintas áreas.
“Se ha levantado la intervención porque ha cumplido su objetivo, que fue transferir la transmisión al nuevo operador: Delapaz”, puntualizó la autoridad reguladora.
Por otro lado, informó que el consumo de abril costará menos para los consumidores del área rural de La Paz, pues, entrará en vigencia la tarifa plana tanto para el campo como para la ciudad. Pero esta rebaja se reflejará en las facturas que se entregarán en mayo.
Se entregó los bienes que no están relacionados con la distribución de energía eléctrica, porque estos fueron transferidos a la distribuidora estatal Delapaz, informó el Director Ejecutivo de la AE.
El Directorio de Emprelpaz está recibiendo los “edificios, vehículos y todos los inmobiliarios” de Emprelpaz, porque “las redes y todos los clientes han pasado a Delapaz”.
Respecto de la interrupción del servicio de energía eléctrica en la capital beniana, por más de dos horas, Alcocer indicó que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) informó que ocurrió “una falla en un interruptor principal de la subestación” en Trinidad.
Alcocer detalló que corresponde a esta entidad “fiscalizar la calidad del servicio”, en las distintas áreas.
“Se ha levantado la intervención porque ha cumplido su objetivo, que fue transferir la transmisión al nuevo operador: Delapaz”, puntualizó la autoridad reguladora.
Por otro lado, informó que el consumo de abril costará menos para los consumidores del área rural de La Paz, pues, entrará en vigencia la tarifa plana tanto para el campo como para la ciudad. Pero esta rebaja se reflejará en las facturas que se entregarán en mayo.
Se entregó los bienes que no están relacionados con la distribución de energía eléctrica, porque estos fueron transferidos a la distribuidora estatal Delapaz, informó el Director Ejecutivo de la AE.
El Directorio de Emprelpaz está recibiendo los “edificios, vehículos y todos los inmobiliarios” de Emprelpaz, porque “las redes y todos los clientes han pasado a Delapaz”.
Respecto de la interrupción del servicio de energía eléctrica en la capital beniana, por más de dos horas, Alcocer indicó que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) informó que ocurrió “una falla en un interruptor principal de la subestación” en Trinidad.
viernes, 22 de marzo de 2013
Las deudas de Emprelpaz suman más de Bs 67 millones
La Empresa Rural Eléctrica La Paz (Emprelpaz) arrastra, desde 2004, una deuda acumulada que alcanza a 67.392.342 bolivianos.
Entre sus principales acreedores están el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y los fondos de pensiones (AFP).
La empresa, que operaba en la distribución de electricidad a 20 provincias paceñas, fue intervenida en agosto de 2012 a causa de su mala gestión y excesivo endeudamiento.
Según la Resolución 117 de la Autoridad de Electricidad (AE) del 8 de marzo de 2013, sus obligaciones tributarias ascienden a 35,8 millones de bolivianos, lo cual implica que es 4,98 veces más que el capital social al 31 de diciembre de 2011, que llegaba a 7.215.900 bolivianos (ver infografía).
Entre las deudas por beneficios sociales está el subsidio por lactancia (desde 2009 hasta julio de 2012), que suma 381 mil bolivianos, además de los aportes a las AFP y a la Caja Petrolera de Salud.
El director de Bienes y Obligaciones de la AE, Enrique Birhuett, dijo que la ex operadora debe ser la que se haga cargo de esa deuda o pasivos.
“Las deudas que tiene Emprelpaz las tiene que asumir, eso no puede perderse, es una responsabilidad que la empresa adquirió y las tiene que pagar. Lo único que hace la AE es la coordinación con cada uno de los acreedores y generar un plan de pagos”, dijo.
La Resolución 117 dispone que “desde el 7 de marzo de este año se otorga a la Empresa Electricidad de La Paz (Electropaz) la operación preferente del sistema eléctrico que opera Emprelpaz” para que dé el servicio público de distribución de electricidad en La Paz. La nacionalizada cambió de razón social y hoy es la Distribuidora de Electricidad de La Paz (Delapaz), que atiende a 590 mil usuarios.
Página Siete intentó comunicarse con el presidente del directorio de Emprelpaz, Félix Sullca, para conocer si esta deuda será pagada, pero personas allegadas a él dijeron que se comunicarán “en otro momento”.
Entre sus principales acreedores están el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y los fondos de pensiones (AFP).
La empresa, que operaba en la distribución de electricidad a 20 provincias paceñas, fue intervenida en agosto de 2012 a causa de su mala gestión y excesivo endeudamiento.
Según la Resolución 117 de la Autoridad de Electricidad (AE) del 8 de marzo de 2013, sus obligaciones tributarias ascienden a 35,8 millones de bolivianos, lo cual implica que es 4,98 veces más que el capital social al 31 de diciembre de 2011, que llegaba a 7.215.900 bolivianos (ver infografía).
Entre las deudas por beneficios sociales está el subsidio por lactancia (desde 2009 hasta julio de 2012), que suma 381 mil bolivianos, además de los aportes a las AFP y a la Caja Petrolera de Salud.
El director de Bienes y Obligaciones de la AE, Enrique Birhuett, dijo que la ex operadora debe ser la que se haga cargo de esa deuda o pasivos.
“Las deudas que tiene Emprelpaz las tiene que asumir, eso no puede perderse, es una responsabilidad que la empresa adquirió y las tiene que pagar. Lo único que hace la AE es la coordinación con cada uno de los acreedores y generar un plan de pagos”, dijo.
La Resolución 117 dispone que “desde el 7 de marzo de este año se otorga a la Empresa Electricidad de La Paz (Electropaz) la operación preferente del sistema eléctrico que opera Emprelpaz” para que dé el servicio público de distribución de electricidad en La Paz. La nacionalizada cambió de razón social y hoy es la Distribuidora de Electricidad de La Paz (Delapaz), que atiende a 590 mil usuarios.
Página Siete intentó comunicarse con el presidente del directorio de Emprelpaz, Félix Sullca, para conocer si esta deuda será pagada, pero personas allegadas a él dijeron que se comunicarán “en otro momento”.
viernes, 22 de febrero de 2013
El directorio recupera el control de Emprelpaz
Los directivos y decenas de trabajadores de la Empresa Rural Eléctrica La Paz SA (Emprelpaz), junto a las autoridades provinciales del departamento, lograron ayer el control de la compañía encargada del servicio de cobertura eléctrica en las áreas rurales del departamento, tras cuatro días de ayuno.
También suspendieron al interventor Limbert Carvajal, en cumplimiento de las últimas determinaciones emanadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que dejó sin efecto la intervención de la Autoridad de Electricidad sobre esta empresa que pertenece a las provincias de La Paz y que no fue nacionalizada por el Gobierno por tratarse de una entidad creada con capital de más de 22.000 socios.
Los directores de esta empresa avalados por Fundempresa y por el Tribunal Constitucional, Félix Sullca, Nicolás Quispe, Máximo Nina, Florentino Ticona, Víctor Ramos, Paulino López y el síndico José Luis Limachi, que retomaron sus funciones y coordinan sus labores junto al sindicato de trabajadores bajo el aval de los dirigentes provinciales del departamento, lamentaron la transgresión de las normas en vigencia y la violación a las disposiciones del Tribunal Constitucional por parte de la Autoridad de Electricidad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional decidió suspender la intervención de la Autoridad de Electricidad mediante un auto constitucional, resolución 0866/2012 dispuesta el 22 de noviembre de 2012 y ratificada el 4 de enero pasado, el cual fue de conocimiento de Carvajal y a la vez de la Autoridad de Electricidad. No obstante, valiéndose de influencias en la Policía y Fiscalía, no permitieron el ingreso de los nuevos directivos, por lo que ellos iniciaron una huelga de hambre que fue suspendida ayer.
También suspendieron al interventor Limbert Carvajal, en cumplimiento de las últimas determinaciones emanadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que dejó sin efecto la intervención de la Autoridad de Electricidad sobre esta empresa que pertenece a las provincias de La Paz y que no fue nacionalizada por el Gobierno por tratarse de una entidad creada con capital de más de 22.000 socios.
Los directores de esta empresa avalados por Fundempresa y por el Tribunal Constitucional, Félix Sullca, Nicolás Quispe, Máximo Nina, Florentino Ticona, Víctor Ramos, Paulino López y el síndico José Luis Limachi, que retomaron sus funciones y coordinan sus labores junto al sindicato de trabajadores bajo el aval de los dirigentes provinciales del departamento, lamentaron la transgresión de las normas en vigencia y la violación a las disposiciones del Tribunal Constitucional por parte de la Autoridad de Electricidad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional decidió suspender la intervención de la Autoridad de Electricidad mediante un auto constitucional, resolución 0866/2012 dispuesta el 22 de noviembre de 2012 y ratificada el 4 de enero pasado, el cual fue de conocimiento de Carvajal y a la vez de la Autoridad de Electricidad. No obstante, valiéndose de influencias en la Policía y Fiscalía, no permitieron el ingreso de los nuevos directivos, por lo que ellos iniciaron una huelga de hambre que fue suspendida ayer.
jueves, 17 de enero de 2013
Recurso logra suspender la intervención a Emprelpaz
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió un recurso de nulidad, con lo cual se suspendió la intervención a la Empresa Rural de Electricidad La Paz SA (Emprelpaz); inmediatamente después se procedió a la posesión del nuevo directorio de esa compañía.
El TCP admitió un recurso directo de nulidad, presentado el 22 de noviembre del año pasado, contra la intervención.
El nuevo directorio está compuesto por cinco representantes provinciales, quienes juraron con el respaldo de los dirigentes de la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y el apoyo de los trabajadores de la empresa.
En agosto de 2012, la Autoridad de Fiscalización de Electricidad determinó la intervención de Emprelpaz por seis meses.
El nuevo directorio, según sus integrantes, tiene el objetivo de mejorar el servicio de energía eléctrica en las provincias del departamento de La Paz.
El TCP admitió un recurso directo de nulidad, presentado el 22 de noviembre del año pasado, contra la intervención.
El nuevo directorio está compuesto por cinco representantes provinciales, quienes juraron con el respaldo de los dirigentes de la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y el apoyo de los trabajadores de la empresa.
En agosto de 2012, la Autoridad de Fiscalización de Electricidad determinó la intervención de Emprelpaz por seis meses.
El nuevo directorio, según sus integrantes, tiene el objetivo de mejorar el servicio de energía eléctrica en las provincias del departamento de La Paz.
martes, 18 de diciembre de 2012
Emprelpaz suple transformadores en los los sectores de Mallasa y Río Abajo
El interventor administrativo de Empresa Rural de Electricidad de La Paz (Emprelpaz), Limbert Carvajal, informó que la subestación de Mallasa y el alimentador de Río Abajo, proporcionan el servicio de energía 4400 usuarios que se encuentran distribuidos en esta localidad con más de 15 urbanizaciones que se encuentran en el trayecto hasta Illimani Sud.
“Con la intervención administrativa, se pudo evidenciar la delicada situación del transformador de potencia de 1,5 MVA, que actualmente se encuentra con una sobre carga del 20% sobre su capacidad nominal, lo cual hace que este equipo esté en riesgo de sufrir daños irreparables”, explicó Carvajal.
“Uno de los principales objetivos de la intervención administrativa de Emprelpaz es garantizar la continuidad del servicio eléctrico, en este entendido, los trabajos que se realizan en la actualidad, son una muestra que se efectuarán intervenciones a pesar de nuestra nagra situación económica”, concluyó el interventor.
“Con la intervención administrativa, se pudo evidenciar la delicada situación del transformador de potencia de 1,5 MVA, que actualmente se encuentra con una sobre carga del 20% sobre su capacidad nominal, lo cual hace que este equipo esté en riesgo de sufrir daños irreparables”, explicó Carvajal.
“Uno de los principales objetivos de la intervención administrativa de Emprelpaz es garantizar la continuidad del servicio eléctrico, en este entendido, los trabajos que se realizan en la actualidad, son una muestra que se efectuarán intervenciones a pesar de nuestra nagra situación económica”, concluyó el interventor.
jueves, 8 de noviembre de 2012
Confirman detención de ex gerente de Emprelpaz
La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales, confirmó ayer la detención del ex gerente general de la Empresa Rural Eléctrica de La Paz (Emprelpaz), David Olivares, acusado por delitos de enriquecimiento ilícito con daño al Estado, y advirtió artimañas jurídicas para evitar su reclusión.
“Un operativo policial, realizado en inmediaciones de la plaza Riosinho, ha logrado capturar a David Olivares, quien tenía un mandamiento de aprehensión por los delitos de enriquecimiento ilícito con daño al Estado, entre otros, y quien está haciendo uso de diferentes estrategias para evitar la detención”, explicó.
Recordó que Olivares, en el trámite de registro comercial de Emprelpaz en Fundempresa, fue denunciado por la contratación irregular de una empresa consultora para la provisión de material eléctrico, supuestamente de su propiedad y de sus familiares.
Además, fue acusado por la apropiación indebida de dinero de Emprelpaz, por la compra de tres camionetas con sobreprecio, malversación de fondos y la irregularidad en el cumplimiento de contratos de 20.000 bolivianos, por el servicio de distribución de electricidad en el área rural. En ese marco, la ministra de Desarrollo Productivo informó que la “estrategia” de Olivares, para evitar la audiencia cautelar, fue desmayarse cuando el fiscal René Quispe tomaba sus declaraciones. Posteriormente aludió que estaba enfermo para lograr su traslado al hospital de Villa Dolores, donde ahora se encuentra. “Le pedimos al fiscal que no deje que la chicanería de Olivares haga que la aprehensión no se realice y siga actuando correctamente para que proceda con la detención y la imputación”, urgió la ministra Morales.
Asimismo, señaló que para evitar una posible fuga, el ministerio a su cargo tomó las previsiones del caso, envió al hospital donde se encuentra internado a dos viceministros, a abogados del ministerio y otros representantes de los sectores involucrados, incluso del sindicato de Emprelpaz.
“Un operativo policial, realizado en inmediaciones de la plaza Riosinho, ha logrado capturar a David Olivares, quien tenía un mandamiento de aprehensión por los delitos de enriquecimiento ilícito con daño al Estado, entre otros, y quien está haciendo uso de diferentes estrategias para evitar la detención”, explicó.
Recordó que Olivares, en el trámite de registro comercial de Emprelpaz en Fundempresa, fue denunciado por la contratación irregular de una empresa consultora para la provisión de material eléctrico, supuestamente de su propiedad y de sus familiares.
Además, fue acusado por la apropiación indebida de dinero de Emprelpaz, por la compra de tres camionetas con sobreprecio, malversación de fondos y la irregularidad en el cumplimiento de contratos de 20.000 bolivianos, por el servicio de distribución de electricidad en el área rural. En ese marco, la ministra de Desarrollo Productivo informó que la “estrategia” de Olivares, para evitar la audiencia cautelar, fue desmayarse cuando el fiscal René Quispe tomaba sus declaraciones. Posteriormente aludió que estaba enfermo para lograr su traslado al hospital de Villa Dolores, donde ahora se encuentra. “Le pedimos al fiscal que no deje que la chicanería de Olivares haga que la aprehensión no se realice y siga actuando correctamente para que proceda con la detención y la imputación”, urgió la ministra Morales.
Asimismo, señaló que para evitar una posible fuga, el ministerio a su cargo tomó las previsiones del caso, envió al hospital donde se encuentra internado a dos viceministros, a abogados del ministerio y otros representantes de los sectores involucrados, incluso del sindicato de Emprelpaz.
lunes, 17 de septiembre de 2012
Ex gerente de Emprelpaz se encuentra prófugo
La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, informó que el ex gerente general de la Empresa Rural de Electricidad de La Paz (Emprelpaz), David Olivares, se encuentra prófugo de la justicia, luego de que se expidió un mandamiento de aprehensión para que responda por hechos de corrupción en esa institución, la cual fue intervenida por el Gobierno.
"Se desconoce su paradero, está prófugo, no está, ha dado direcciones donde no vive. La Policía está haciendo seguimiento, pero no se está encontrando la posibilidad de poderlo tener frente a las autoridades como debe ser para rendir cuentas”, señaló la autoridad en entrevista con los medios estatales.
Olivares fue acusado por nepotismo y de haber cometido grandes estafas en la Caja Nacional de Salud (CNS) cuando ocupaba el cargo de gerente y fue denunciado junto con Jaime Burgos. En 2008, el hermano de Olivares, Edwin, era jefe de la sección Presupuestos de la CNS.
Según un informe de Emprelpaz, durante la gestión de Olivares se ocasionó un supuesto daño económico de 16 millones de bolivianos. A esta denuncia se suma la del sindicato de trabajadores de la empresa, que lo acusa de seguir fungiendo como representante de la empresa de energía eléctrica rural.
La ministra Morales mencionó que Olivares tenía un salario de 16.267 bolivianos, superior al del presidente del país Evo Morales. A ello se suma también el costo de la tarifa eléctrica, que era mayor al precio del área urbana que es de 60 centavos por kilovatio hora, mientras que Emprelpaz vendía el kilovatio hora, en el área rural donde tenía presencia, a 1,50 bolivianos.
La Autoridad de Electricidad (AE) intervino Emprelpaz debido a que esta entidad no renovó su título habilitante para ejercer la actividad de servicio público de distribución de electricidad en las provincias del departamento de La Paz.
Además se constató el mal servicio que prestaba a las provincias y la falta de un adecuado equipamiento.
Asimismo, se estableció una deuda de 3,5 millones de bolivianos con Electropaz, entidad de la que compra electricidad para distribuirla.
La intervención obligó a los ponchos rojos de la provincia Omasuyos a llevar adelante una marcha hasta la ciudad de El Alto donde el pasado miércoles retuvieron a la ministra Morales, al gobernador César Cocarico y al senador Eugenio Rojas.
Tras un diálogo, se decidió respaldar la intervención por la deficiente administración.
“La intervención tiene el objetivo de reducir la tarifa”, precisó la ministra, a tiempo de indicar que esta medida estaba obligada por ley y durará seis meses.
"Se desconoce su paradero, está prófugo, no está, ha dado direcciones donde no vive. La Policía está haciendo seguimiento, pero no se está encontrando la posibilidad de poderlo tener frente a las autoridades como debe ser para rendir cuentas”, señaló la autoridad en entrevista con los medios estatales.
Olivares fue acusado por nepotismo y de haber cometido grandes estafas en la Caja Nacional de Salud (CNS) cuando ocupaba el cargo de gerente y fue denunciado junto con Jaime Burgos. En 2008, el hermano de Olivares, Edwin, era jefe de la sección Presupuestos de la CNS.
Según un informe de Emprelpaz, durante la gestión de Olivares se ocasionó un supuesto daño económico de 16 millones de bolivianos. A esta denuncia se suma la del sindicato de trabajadores de la empresa, que lo acusa de seguir fungiendo como representante de la empresa de energía eléctrica rural.
La ministra Morales mencionó que Olivares tenía un salario de 16.267 bolivianos, superior al del presidente del país Evo Morales. A ello se suma también el costo de la tarifa eléctrica, que era mayor al precio del área urbana que es de 60 centavos por kilovatio hora, mientras que Emprelpaz vendía el kilovatio hora, en el área rural donde tenía presencia, a 1,50 bolivianos.
La Autoridad de Electricidad (AE) intervino Emprelpaz debido a que esta entidad no renovó su título habilitante para ejercer la actividad de servicio público de distribución de electricidad en las provincias del departamento de La Paz.
Además se constató el mal servicio que prestaba a las provincias y la falta de un adecuado equipamiento.
Asimismo, se estableció una deuda de 3,5 millones de bolivianos con Electropaz, entidad de la que compra electricidad para distribuirla.
La intervención obligó a los ponchos rojos de la provincia Omasuyos a llevar adelante una marcha hasta la ciudad de El Alto donde el pasado miércoles retuvieron a la ministra Morales, al gobernador César Cocarico y al senador Eugenio Rojas.
Tras un diálogo, se decidió respaldar la intervención por la deficiente administración.
“La intervención tiene el objetivo de reducir la tarifa”, precisó la ministra, a tiempo de indicar que esta medida estaba obligada por ley y durará seis meses.
sábado, 15 de septiembre de 2012
Hay orden de detención para ex jefe de Emprelpaz
La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales, informó que el ex gerente de la Empresa Rural Eléctrica de La Paz (Emprelpaz) David Olivares tiene un mandamiento de apremio para que responda a una serie de cargos en su contra.
Morales explicó que informó ampliamente la situación de Emprelpaz a los Ponchos rojos, que se movilizaron a La Paz en rechazo a la intervención de esa empresa, y que entendieron las razones para esa medida.
Precisó que se revelaron hechos de corrupción y sueldos altos que apuntan sobre todo al ex gerente Olivares. Morales dijo que Olivares ganaba un salario mensual de 16.267 bolivianos, más que el presidente Evo Morales. “Su hermano carnal, Ricardo Olivares, ganaba 10.149 bolivianos como contador; Róger Cosme, como gerente comercial, 14.385 bolivianos”, complementó. Dijo que gracias a la intervención se descubrieron documentos que prueban que Olivares tenía a varios de sus parientes cercanos trabajando en la empresa, como su consuegro, cuñado, hermano y otros familiares.
“Además hay pruebas de varios negociados, como contratos con empresas de palos blancos o de personas allegadas a Olivares”, agregó. Explicó que a esas irregularidades se suma una deuda interna de 39 millones de bolivianos y otros 3,5 millones a Electropaz por la provisión de energía eléctrica.
Por esa deuda a Electropaz, dijo, el fluido eléctrico estaba a punto de suspenderse, situación que aseguró se conjuró con la intervención.
Morales explicó que informó ampliamente la situación de Emprelpaz a los Ponchos rojos, que se movilizaron a La Paz en rechazo a la intervención de esa empresa, y que entendieron las razones para esa medida.
Precisó que se revelaron hechos de corrupción y sueldos altos que apuntan sobre todo al ex gerente Olivares. Morales dijo que Olivares ganaba un salario mensual de 16.267 bolivianos, más que el presidente Evo Morales. “Su hermano carnal, Ricardo Olivares, ganaba 10.149 bolivianos como contador; Róger Cosme, como gerente comercial, 14.385 bolivianos”, complementó. Dijo que gracias a la intervención se descubrieron documentos que prueban que Olivares tenía a varios de sus parientes cercanos trabajando en la empresa, como su consuegro, cuñado, hermano y otros familiares.
“Además hay pruebas de varios negociados, como contratos con empresas de palos blancos o de personas allegadas a Olivares”, agregó. Explicó que a esas irregularidades se suma una deuda interna de 39 millones de bolivianos y otros 3,5 millones a Electropaz por la provisión de energía eléctrica.
Por esa deuda a Electropaz, dijo, el fluido eléctrico estaba a punto de suspenderse, situación que aseguró se conjuró con la intervención.
viernes, 14 de septiembre de 2012
Pactan rebaja tarifaria en Emprelpaz desde octubre
Los campesinos ponchos rojos y el Gobierno arribaron a un acuerdo en la madrugada de ayer, mediante el cual el Ejecutivo se compromete a gestionar, con la intervención de Emprelpaz, la reducción de las tarifas del servicio de energía eléctrica a partir de octubre, así como la captura de los responsables de los malos manejos en esa empresa distribuidora.
Sobre el conflicto en la empresa de electricidad, la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, explicó que los campesinos comprendieron que la intervención administrativa tiene los objetivos de garantizar el suministro de energía al área rural y también de bajar la tarifa, que actualmente es de 1,50 bolivianos por kilovatio hora, con respecto a los 60 centavos del área urbana.
Precisó que esa reducción se hará efectiva desde el próximo mes, pero aún no se estableció el porcentaje de esa rebaja, que dependerá de un estudio técnico.
En el acuerdo también se dispone la realización de auditorías externas de los últimos diez años de gestión, con la finalidad de dar con los responsables de la deuda de más de 39 millones de bolivianos con las AFP y Eletropaz, entre otras instituciones.
Según la ministra, el comandante general de la Policía, Víctor Maldonado, se comprometió a capturar al ex gerente de Emprelpaz, David Olivares, sobre quien pesa una orden de aprehensión.
El ex gerente es el principal sospechoso de los malos manejos de esa empresa. Según la ministra, formó una red familiar para obtener beneficios ilegales de la empresa eléctrica paceña.
Sobre el conflicto en la empresa de electricidad, la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, explicó que los campesinos comprendieron que la intervención administrativa tiene los objetivos de garantizar el suministro de energía al área rural y también de bajar la tarifa, que actualmente es de 1,50 bolivianos por kilovatio hora, con respecto a los 60 centavos del área urbana.
Precisó que esa reducción se hará efectiva desde el próximo mes, pero aún no se estableció el porcentaje de esa rebaja, que dependerá de un estudio técnico.
En el acuerdo también se dispone la realización de auditorías externas de los últimos diez años de gestión, con la finalidad de dar con los responsables de la deuda de más de 39 millones de bolivianos con las AFP y Eletropaz, entre otras instituciones.
Según la ministra, el comandante general de la Policía, Víctor Maldonado, se comprometió a capturar al ex gerente de Emprelpaz, David Olivares, sobre quien pesa una orden de aprehensión.
El ex gerente es el principal sospechoso de los malos manejos de esa empresa. Según la ministra, formó una red familiar para obtener beneficios ilegales de la empresa eléctrica paceña.
Acusan a Olivares por la quiebra de EMPRELPAZ
La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, denunció que familiares del exgerente general de la Empresa Rural de Energía Eléctrica de La Paz (Emprelpaz) David Olivares están involucrados en la crítica situación de la empresa que suministra energía eléctrica a las 20 provincias del departamento de La Paz.
En agosto, el Gobierno decidió intervenir Emprelpaz a causa de la crisis técnica y financiera; además, solicitó que el Ministerio Público emita un mandamiento de aprehensión contra Olivares, quien es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito con daño al Estado, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
el clan delictivo. Según la planilla de sueldos, Olivares ganaba 16.000 bolivianos; además de que presuntamente contrató a un hermano suyo, quien prestaba el servicio de transporte de postes; así como la empresa Metal Energía de propiedad de la esposa de Olivares; también están involucrados su consuegro, su cuñado y un amigo.
Teresa Morales reiteró que Emprelpaz adeuda 39 millones de bolivianos a entidades privadas y públicas, y 3,5 millones a Electropaz, por la compra de energía eléctrica, deudas que deben ser pagadas por quienes causaron el daño económico.
En agosto, el Gobierno decidió intervenir Emprelpaz a causa de la crisis técnica y financiera; además, solicitó que el Ministerio Público emita un mandamiento de aprehensión contra Olivares, quien es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito con daño al Estado, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
el clan delictivo. Según la planilla de sueldos, Olivares ganaba 16.000 bolivianos; además de que presuntamente contrató a un hermano suyo, quien prestaba el servicio de transporte de postes; así como la empresa Metal Energía de propiedad de la esposa de Olivares; también están involucrados su consuegro, su cuñado y un amigo.
Teresa Morales reiteró que Emprelpaz adeuda 39 millones de bolivianos a entidades privadas y públicas, y 3,5 millones a Electropaz, por la compra de energía eléctrica, deudas que deben ser pagadas por quienes causaron el daño económico.
viernes, 31 de agosto de 2012
Tarifas de luz de Emprelpaz subieron un 72,6% en 6 años
Las tarifas eléctricas en el área rural sufrieron un incremento del 72,6% en las comunidades del área rural, según las tarifas de la Empresa Rural Eléctrica La Paz S.A. (Emprelpaz), así lo señala un reporte de la Plataforma Energética del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
El informe del Cedla sale luego de que la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, esgrimió a la reducción de tarifas como uno de los justificativos para que el Gobierno haya intervenido a Emprelpaz.
De acuerdo con la Plataforma Energética, las tarifas son aprobadas por la entidad encargada de la regulación del servicio, es decir, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, que aprueba las tarifas bajo las definiciones normativas del Ministerio de Hidrocarburos y Energía.
El informe del Cedla sale luego de que la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, esgrimió a la reducción de tarifas como uno de los justificativos para que el Gobierno haya intervenido a Emprelpaz.
De acuerdo con la Plataforma Energética, las tarifas son aprobadas por la entidad encargada de la regulación del servicio, es decir, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, que aprueba las tarifas bajo las definiciones normativas del Ministerio de Hidrocarburos y Energía.
miércoles, 29 de agosto de 2012
Bajará el precio de electricidad en el área rural
La deuda de la empresa eléctrica es superior a los 35 millones de bolivianos que se generó por mala administración.
La intervención a la Empresa Rural de Energía Eléctrica de La Paz (Emprelpaz) por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) reducirá el costo en las tarifas del servicio básico que provee esa entidad a distintas regiones del área rural paceño.
La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, informó ayer que “la intervención tiene el propósito, junto a varias medidas del Gobierno de bajar las tarifas de manera importante para el ámbito rural”.
Morales explicó que Emprelpaz mantenía un sobreprecio en la provisión de electricidad domiciliaria, y precisó que cobraba un boliviano con 50 centavos, por hora, cuando en la ciudad de La Paz el costo es de 60 centavos por similar tiempo.
La intervención. La AE intervino la compañía de electrificación rural el pasado jueves 23 de agosto, hecho que en su momento ocasionó la protesta de un sector de los trabajadores.
El ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, recordó que Emprelpaz no tramitó, desde 2002, su título o licencia de distribución que le otorga el derecho de distribuir electricidad en el área que opera.
“También hay una deuda a corto plazo que se tiene que pagar, son las facturas por la compra de energía eléctrica de mayo, junio, julio que representa 3,9 millones de bolivianos que a la fecha no canceló”.
Finalmente, el ejecutivo de la AE, Richard Alcozer aclaró que Emprelpaz no sufrió enajenación de su propiedad o de sus bienes y que los accionistas de la empresa deben estar tranquilos, porque ahora se administrarán las acciones de mejor manera.
Alcozer también aclaró que se intervino la empresa porque ésta no tenía el título de licencia de distribución de energía en su área operante
en los plazos establecidos. “Por tanto de acuerdo a lo que dice la Ley de Electricidad, la normativa, no se podía ampliar más el plazo y correspondía la intervención administrativa, debido principalmente a que no obtuvo su título habilitante (de distribución de energía)”.
Los años 2003 y 2011, Emprelpaz también fue intervenida, para levantar dichas restricciones, la empresa firmó un convenio con el compromiso de mejorar su servicio, sin embargo, el acuerdo no fue cumplido.
Trabajadores. La Ministra Morales garantizó la estabilidad laboral de todos los obreros de Emprelpaz y explicó que sólo se removerán cargos de alto rango.
“Para los trabajadores que estaban en manifestación, decirles que se garantiza la estabilidad laboral y que excepto la planta ejecutiva todos los demás tienen garantizada su estabilidad laboral”.
150 por ciento es la diferencia de las tarifas eléctricas entre el sector rural y urbano, en La Paz.
La deuda de la empresa Rural de Electricidad de la paz (Emprelpaz), asciende a los 35 millones de bolivianos. De acuerdo con el ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, si no se hacía la intervención inmediata podía ponerse en riesgo el abastecimiento de energía en toda el área rural. En fechas pasadas, los 17 dirigentes de las diferentes provincias, pidieron el cambio de la directiva de Emprelpaz por las irregularidades que se generaron en la administración del sector.
Sosa expresó que se dieron una serie de denuncias de corrupción en el manejo de los recursos de la distribuidora por parte de Daniel Olivares, exgerente de la empresa hasta este año.
La intervención a la Empresa Rural de Energía Eléctrica de La Paz (Emprelpaz) por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) reducirá el costo en las tarifas del servicio básico que provee esa entidad a distintas regiones del área rural paceño.
La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, informó ayer que “la intervención tiene el propósito, junto a varias medidas del Gobierno de bajar las tarifas de manera importante para el ámbito rural”.
Morales explicó que Emprelpaz mantenía un sobreprecio en la provisión de electricidad domiciliaria, y precisó que cobraba un boliviano con 50 centavos, por hora, cuando en la ciudad de La Paz el costo es de 60 centavos por similar tiempo.
La intervención. La AE intervino la compañía de electrificación rural el pasado jueves 23 de agosto, hecho que en su momento ocasionó la protesta de un sector de los trabajadores.
El ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, recordó que Emprelpaz no tramitó, desde 2002, su título o licencia de distribución que le otorga el derecho de distribuir electricidad en el área que opera.
“También hay una deuda a corto plazo que se tiene que pagar, son las facturas por la compra de energía eléctrica de mayo, junio, julio que representa 3,9 millones de bolivianos que a la fecha no canceló”.
Finalmente, el ejecutivo de la AE, Richard Alcozer aclaró que Emprelpaz no sufrió enajenación de su propiedad o de sus bienes y que los accionistas de la empresa deben estar tranquilos, porque ahora se administrarán las acciones de mejor manera.
Alcozer también aclaró que se intervino la empresa porque ésta no tenía el título de licencia de distribución de energía en su área operante
en los plazos establecidos. “Por tanto de acuerdo a lo que dice la Ley de Electricidad, la normativa, no se podía ampliar más el plazo y correspondía la intervención administrativa, debido principalmente a que no obtuvo su título habilitante (de distribución de energía)”.
Los años 2003 y 2011, Emprelpaz también fue intervenida, para levantar dichas restricciones, la empresa firmó un convenio con el compromiso de mejorar su servicio, sin embargo, el acuerdo no fue cumplido.
Trabajadores. La Ministra Morales garantizó la estabilidad laboral de todos los obreros de Emprelpaz y explicó que sólo se removerán cargos de alto rango.
“Para los trabajadores que estaban en manifestación, decirles que se garantiza la estabilidad laboral y que excepto la planta ejecutiva todos los demás tienen garantizada su estabilidad laboral”.
150 por ciento es la diferencia de las tarifas eléctricas entre el sector rural y urbano, en La Paz.
La deuda de la empresa Rural de Electricidad de la paz (Emprelpaz), asciende a los 35 millones de bolivianos. De acuerdo con el ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, si no se hacía la intervención inmediata podía ponerse en riesgo el abastecimiento de energía en toda el área rural. En fechas pasadas, los 17 dirigentes de las diferentes provincias, pidieron el cambio de la directiva de Emprelpaz por las irregularidades que se generaron en la administración del sector.
Sosa expresó que se dieron una serie de denuncias de corrupción en el manejo de los recursos de la distribuidora por parte de Daniel Olivares, exgerente de la empresa hasta este año.
Gobierno quiere reducir costo de electricidad en el área rural
Tras la intervención a Emprelpaz, el Gobierno apunta a reducir los costos del servicio de energía eléctrica en el área rural en al menos 150%, pues actualmente ése es el porcentaje adicional que pagan los habitantes del campo respecto del área urbana.
La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, informó que el monto de la tarifa domiciliaria en la zona dispersa es de 1,50 bolivianos por kilovatio/hora, mientras que en el área urbana es de 60 centavos, es decir en el campo se paga un costo adicional de 150%.
“El propósito de la intervención, junto con toda medida que se pueda tomar para este tema, es bajar las tarifas y equipararlas con el sector urbano, pero no puedo decir a cuánto van a llegar”, sostuvo Morales.
Ese costo elevado, según la autoridad, fue uno de los justificativos para que el Gobierno realice una intervención administrativa en la Empresa Rural Eléctrica La Paz S.A. (Emprelpaz).
Esa acción también fue ejecutada, según Morales, para garantizar el suministro de energía eléctrica a las 20 provincias del departamento, la que estaba en riesgo porque esa compañía perdió su título habilitante, que equivale a una licencia de funcionamiento, el 22 de agosto.
Precisó que la diferencia en el costo del servicio de energía eléctrica en el área rural respecto a la urbana se debe a que la empresa fue mal administrada.
Tras la intervención administrativa, que durará seis meses y que fue ejecutada el jueves pasado, los trabajadores de Emprelpaz impiden el ingreso del interventor Reynaldo Castañón y amenazaron con iniciar un bloqueo de caminos porque consideran que sus fuentes de trabajo están en riesgo.
Sin embargo, el director de la Autoridad de Electricidad (AE), Richard Alcócer, aseguró que el Decreto Supremo 428 garantiza la estabilidad laboral.
“No entendemos las razones por las que no permiten dejar entrar a trabajar”, manifestó y espera que depongan actitudes.
La ministra Morales también garantizó la protección de los trabajadores. “Excepto la planta ejecutiva, todos los demás tienen garantizado su fuente de trabajo porque una intervención no tiene el propósito de generar desempleo, sino mejorar la administración”, afirmó.
Alcócer también precisó que con esta acción no se tomará posesión de los bienes que tienen los accionistas si se enajenara los mismos, porque la normativa también impide ese extremo.
La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, informó que el monto de la tarifa domiciliaria en la zona dispersa es de 1,50 bolivianos por kilovatio/hora, mientras que en el área urbana es de 60 centavos, es decir en el campo se paga un costo adicional de 150%.
“El propósito de la intervención, junto con toda medida que se pueda tomar para este tema, es bajar las tarifas y equipararlas con el sector urbano, pero no puedo decir a cuánto van a llegar”, sostuvo Morales.
Ese costo elevado, según la autoridad, fue uno de los justificativos para que el Gobierno realice una intervención administrativa en la Empresa Rural Eléctrica La Paz S.A. (Emprelpaz).
Esa acción también fue ejecutada, según Morales, para garantizar el suministro de energía eléctrica a las 20 provincias del departamento, la que estaba en riesgo porque esa compañía perdió su título habilitante, que equivale a una licencia de funcionamiento, el 22 de agosto.
Precisó que la diferencia en el costo del servicio de energía eléctrica en el área rural respecto a la urbana se debe a que la empresa fue mal administrada.
Tras la intervención administrativa, que durará seis meses y que fue ejecutada el jueves pasado, los trabajadores de Emprelpaz impiden el ingreso del interventor Reynaldo Castañón y amenazaron con iniciar un bloqueo de caminos porque consideran que sus fuentes de trabajo están en riesgo.
Sin embargo, el director de la Autoridad de Electricidad (AE), Richard Alcócer, aseguró que el Decreto Supremo 428 garantiza la estabilidad laboral.
“No entendemos las razones por las que no permiten dejar entrar a trabajar”, manifestó y espera que depongan actitudes.
La ministra Morales también garantizó la protección de los trabajadores. “Excepto la planta ejecutiva, todos los demás tienen garantizado su fuente de trabajo porque una intervención no tiene el propósito de generar desempleo, sino mejorar la administración”, afirmó.
Alcócer también precisó que con esta acción no se tomará posesión de los bienes que tienen los accionistas si se enajenara los mismos, porque la normativa también impide ese extremo.
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