La política de energía y de precios se ha movido una vez más al centro del debate de política económica en Bolivia en las últimas semanas, mientras el gobierno considera opciones para terminar el régimen de fijación de precios de una década para los combustibles. Los datos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía muestran que el costo fiscal de subsidiar el combustible importado ha estado subiendo bruscamente en los últimos años, de $us. 180 millones en 2005 (1,9% del PIB) a $us. 666 millones en 2010 (3,4 % de PIB). En 2011 los subsidios a los combustibles están estimados en $us. 750 millones, o cerca de 11 % del desembolso fiscal total.
El aumento se debe a una combinación de la caída de la producción interna de petróleo crudo y el aumento en la demanda de transporte (de la mano de un firme crecimiento económico), lo cual está siendo exacerbado por los mayores precios internacionales del petróleo. Conducidos por un cómodo margen de ingresos, el comercio de contrabando del combustible boliviano subsidiado a países vecinos también ha puesto presión sobre la disponibilidad de combustible.
Sin embargo, terminar con una década de congelamiento del precio está dentro de los ajustes políticos más complicados que enfrenta la administración de Evo Morales. En diciembre de 2010 intentó abruptamente cortar los subsidios y moverse a precios internos de combustible más cerca de los precios del mercado internacional, pero las amplias protestas forzaron al Gobierno a revertir la medida, o arriesgar una sustancial inestabilidad política.
VOLVIENDO A LA REALIDAD
En las últimas semanas las declaraciones del Presidente sobre la necesidad de recortar el costo de las ventas subsidiadas de combustibles han despertado los temores de que el Gobierno implementará un drástico ajuste al alza para el precio de la gasolina y el diesel. El Gobierno ha respondido señalando que las condiciones no están dadas en la actualidad para un incremento del precio, pero Morales ha pedido entrar a un extenso diálogo con los movimientos sociales y los grupos de sindicatos en un esfuerzo por obtener cierta flexibilidad en el actual régimen de fijación de precios. Hasta ahora la administración ha estado consultando con los más cercanos aliados del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) sobre una nueva ley de desarrollo económico que incluiría un mecanismo para terminar eventualmente con el subsidio.
Eliminar la cobertura de subsidio al combustible le permitiría al gobierno de Morales usar los recursos públicos en formas más objetivas para aliviar la pobreza y ayudar a los pequeños productores, en vez de dar beneficios desproporcionados a los usuarios de combustible como la industria privada, el sector de transporte y los consumidores de altos ingresos.
INTERROGANTE ENERGÉTICA
La tendencia en declive en la producción de petróleo doméstica es, sin embargo, más difícil de revertir. Después de la nacionalización del sector petrolero en mayo de 2006, a las compañías privadas de petróleo se les pagó un precio fijo de $us. 27 por barril, independiente de los precios internacionales.
A corto plazo el gobierno está enfocando sus esfuerzos en cambiar la energía mixta del país al expandir el uso del gas natural, tanto a nivel doméstico como industrial, y usarlo en vehículos en una apuesta para bajar la demanda de combustibles líquidos. Las autoridades estiman que cerca de 60 % de la demanda por combustible (y por tanto subsidiada) es absorbida por los vehículos de transporte público, mientras 30 % va a la agricultura. Por tanto, el Gobierno está buscando convertir los vehículos públicos para que usen gas natural a una tasa de 15.000 vehículos por año en 2010-15. Sin embargo, para septiembre de 2011 sólo 38 % del objetivo anual había sido completado. Aunque el ritmo de las conversiones está acelerándose, el lento comienzo ha significado que las reducciones esperadas en la demanda de combustible no se han concretado.
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