La no realización de una consulta con las comunidades y habitantes del Beni se suma a otras observaciones que rodean al proyecto hidroeléctrico en Cachuela Esperanza. El oficialismo justifica este último aspecto asegurando que el Gobierno, al igual que en la caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), aplicará la consulta previa antes de iniciar la construcción de la planta, aunque ya existe un contrato de estudio con una empresa china.
Pese a que el derecho a la consulta previa está establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), el diputado oficialista Javier Zabaleta insiste que no existe vulneración alguna, ya que el Gobierno podrá establecer la consulta solamente de la consolidación del proyecto.
“El caso del Tipnis nos dejó una lección y es que la consulta previa, es previa a la construcción porque precisamente el proyecto es el que determina si hay o no hay daño ambiental. Entonces cuando esté terminado el proyecto corresponde la consulta previa, sólo antes del inicio de la obra”, dijo.
A su turno, el diputado Carlos Aparicio (MAS) explicó que en la campaña gubernamental del 2009 al 2015, el Ejecutivo propuso la construcción de grandes plantas hidroeléctricas en diferentes puntos del país.
“Nos hemos propuesto que estos proyectos no sean sólo autónomos, sino que se pueda exportar energía eléctrica, tenemos que consensuar pero seguramente el Gobierno hallará el momento para hacerlo, pero no podemos quedarnos estancados en el desarrollo a título de cuidar el medioambiente”, señaló.
Otro factor negativo de este proyecto hidroeléctrico son los daños ambientales, además de que el estudio de impacto aun no fue concluido y los resultados apenas se conocerán hasta marzo del 2013. Se advierte que más de 50 comunidades y poblaciones se verían afectadas por dicho proyecto. La flora y la fauna se dañaría, el desvió de las aguas del río Beni y Mamoré provocarían inundaciones.
El monto de inversión asciende a 250 millones de dólares y una de las fuentes de financiamiento es el Bandes. Directivos de la fundación Puente Entre Culturas afirman que la energía que producirá Cachuela Esperanza equivale al 80% de la que produce actualmente el país. La región de Cachuela Esperanza carece de proyectos de desarrollo consolidados, sin embargo considerando la millonaria inversión a través de un crédito con el Bandes, los daños en el medioambiente, la propuesta gubernamental generaría deudas al Estado.
Además, medios de comunicación de la prensa ecuatoriana confirmaron que la empresa china Sinohydro Corporation, con la que el Ejecutivo firmó un memorándum de entendimiento para agilizar el proyecto, enfrenta más de 10 juicios legales en ese país. “Si se confirma estos antecedentes negativos, la Contraloría General del Estado (CGE) tendría que hacer una investigación”, dijo el diputado Javier Zabaleta.
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