La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, informó que el ex gerente general de la Empresa Rural de Electricidad de La Paz (Emprelpaz), David Olivares, se encuentra prófugo de la justicia, luego de que se expidió un mandamiento de aprehensión para que responda por hechos de corrupción en esa institución, la cual fue intervenida por el Gobierno.
"Se desconoce su paradero, está prófugo, no está, ha dado direcciones donde no vive. La Policía está haciendo seguimiento, pero no se está encontrando la posibilidad de poderlo tener frente a las autoridades como debe ser para rendir cuentas”, señaló la autoridad en entrevista con los medios estatales.
Olivares fue acusado por nepotismo y de haber cometido grandes estafas en la Caja Nacional de Salud (CNS) cuando ocupaba el cargo de gerente y fue denunciado junto con Jaime Burgos. En 2008, el hermano de Olivares, Edwin, era jefe de la sección Presupuestos de la CNS.
Según un informe de Emprelpaz, durante la gestión de Olivares se ocasionó un supuesto daño económico de 16 millones de bolivianos. A esta denuncia se suma la del sindicato de trabajadores de la empresa, que lo acusa de seguir fungiendo como representante de la empresa de energía eléctrica rural.
La ministra Morales mencionó que Olivares tenía un salario de 16.267 bolivianos, superior al del presidente del país Evo Morales. A ello se suma también el costo de la tarifa eléctrica, que era mayor al precio del área urbana que es de 60 centavos por kilovatio hora, mientras que Emprelpaz vendía el kilovatio hora, en el área rural donde tenía presencia, a 1,50 bolivianos.
La Autoridad de Electricidad (AE) intervino Emprelpaz debido a que esta entidad no renovó su título habilitante para ejercer la actividad de servicio público de distribución de electricidad en las provincias del departamento de La Paz.
Además se constató el mal servicio que prestaba a las provincias y la falta de un adecuado equipamiento.
Asimismo, se estableció una deuda de 3,5 millones de bolivianos con Electropaz, entidad de la que compra electricidad para distribuirla.
La intervención obligó a los ponchos rojos de la provincia Omasuyos a llevar adelante una marcha hasta la ciudad de El Alto donde el pasado miércoles retuvieron a la ministra Morales, al gobernador César Cocarico y al senador Eugenio Rojas.
Tras un diálogo, se decidió respaldar la intervención por la deficiente administración.
“La intervención tiene el objetivo de reducir la tarifa”, precisó la ministra, a tiempo de indicar que esta medida estaba obligada por ley y durará seis meses.
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