N acionalizar el primero de mayo, una costumbre que no pasa de moda. Al menos desde el ascenso de la actual gestión gubernamental de Evo Morales, en 2006. A la fecha suman más de 10 empresas con capital extranjero cuyas acciones fueron revertidas para el Estado. Todas pertenecen a sectores estratégicos como hidrocarburos, telecomunicaciones, y más recientemente del sector energético (antes Guaracachi y Valle Hermoso), que vienen reportando un incremento en cuanto a recaudación impositiva y regalías, aunque todavía desde el punto de vista social.
Desde el punto de vista técnico y político de dos analistas, en el caso particular de la Transportadora de Electricidad SA (TDE), ocurrida el pasado feriado de los trabajadores, parece traducirse más bien en simples amagues "populistas" y por desviar la agenda mediática, frente a demandas sociales insatisfechas. Los analistas advierten que a mediano plazo, estas acciones pueden resultar aún más caras que los montos de compensación en negociación, ya que se estaría proyectando una imagen negativa de inseguridad jurídica a nivel internacional, tal como lo advierten voces desde España y Estados Unidos.
El problema está en la generación, no el transporte
Bernardo Prado
Analista y Director de Hidrocarburosbolivia.com
La nacionalización de la Transportadora de Electricidad S.A. (TDE) es difícil de justificar debido a las señales de apertura a la inversión extranjera en el sector energético que el Gobierno boliviano se estuvo esforzando en manifestar durante los últimos dos meses, la medida como tal va en contrasentido al discurso oficial y muestra claramente la falta de un norte en cuanto a la relación que el Gobierno pretende entablar con sus “socios”.
Por un lado, se tiene a YPFB lanzando un proceso de licitación por un millón de bolivianos para contratar una empresa que se encargue de hacerles un “lobby” internacional que permita a la estatal petrolera atraer inversiones extranjeras y proyectar a Bolivia como un país con gran potencial hidrocarburífero, donde las inversiones internacionales serán recibidas con beneplácito.
Por otro lado, se tiene al Gobierno anunciando con bombos y platillos expropiaciones que al final no se concretan, tal es el caso de la petrolera PAE en el Bloque Caipipendi o que sí se concretan como en el caso de la TDE, pero cuya justificación debería tener argumentos mucho más sólidos que “un reconocimiento al pueblo boliviano que lucha por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos”.
Debemos aclarar también que se trata más bien de una compra forzada del 99% del paquete accionario de redes eléctricas en manos españolas, y no así propiamente de una nacionalización. Tanto así, que a diferencia de lo que pasa en Argentina, el Gobierno español se ha mostrado más que satisfecho al haberse garantizado un "precio justo" por este paquete. Esto todavía está en negociación, el Gobierno propone $us 39 millones y las acciones un monto por encima de los $us 100 millones. Pero lo destacable para ellos, es que el Gobierno boliviano se ha comprometido a contratar a una empresa independiente para realizar dicha valuación. No es el mismo caso que en Argentina, donde el Gobierno ha determinado que serán ellos mismos quiénes les pongan un precio a las acciones, y de aquí donde sale el roce.
Sea como fuere el resultado de esta compra, para nada significa que traerá beneficios concretos al usuario boliviano. Bien sabemos que en Bolivia el problema está en la generación de energía eléctrica y no en el transporte. Es difícil saber si en base a esto se va a ampliar las redes de difusión. Recordemos que cuando se nacionalizaron las generadoras, Valle Hermoso y Guaracachi, comenzaron los cortes. En su momento, no se terminó de explicar los motivos por los cuales comenzaron a fallar las turbinas, pero desde el momento en que ingresaron en mantenimiento nos dimos cuenta de lo frágil que se encuentra el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Sea cual sea el caso, este tipo de medidas no le hacen ningún bien a la imagen de Bolivia como destino para las inversiones extranjeras. Los países como Bolivia necesitan de la inversión extranjera para que sus sectores estratégicos logren despegar y el sector energético es especialmente susceptible al flujo de inversiones para poder desarrollarse de una manera sostenible y adecuada.
En búsqueda del protagonismo perdido
Jimena Costa
Analista política
¿Por qué la medida contra la empresa española TDE? ¿Para qué abrirse un nuevo frente que genera desconfianza? ¿Por qué con España que tanto apoya a Evo Morales?
Basándome en el contexto político en el que se toma la decisión, voy a plantear algunas hipótesis en tres niveles:
A nivel global: Las noticias internacionales sobre Bolivia reflejan cada vez con mayor frecuencia acciones autoritarias y refieren a: la VIII Marcha de la Cidob; la represión de Chaparina; la “Caravana de la Integración” de las personas con discapacidad; incautaciones de cocaína procedente de Bolivia; la lectura de la coca para resolver fallos en el Tribunal Constitucional; la oposición a las sanciones a Siria; los barcos de Irán y Siria con bandera boliviana; la “salida” de la Cumbre de Cartagena … El Gobierno necesita hacer noticia para recuperar imagen, y el antiimperialismo siempre es más rentable que cualquiera de las noticias anteriores. Además, el discurso des colonizador se refuerza “nacionalizando” una empresa española.
A nivel regional: El Comandante Chávez, en silla de ruedas, se encuentra con metástasis en varios órganos y pasa más tiempo en radioterapias en el CIMEQ de La Habana que en el Palacio de Miraflores en Caracas. Alguien debe heredar el rango para continuar la construcción de la “Patria Grande Latinoamericana” y destruir el imperialismo yanqui. Hans Dieterich, el ideólogo del Socialismo del Siglo XXI afirmó recientemente que el heredero debe ser Rafael Correa. Dudo que tal percepción sea del agrado del Señor Presidente Morales, por lo que dar muestras de que no le tiembla la mano para recuperar los recursos a favor de “los pueblos” y derrotar a las transnacionales se hace necesario.
A nivel local: El Gobierno enfrenta su peor momento. Está en curso la IX Marcha y esto ya es suficiente para poner en evidencia el desgaste, pero además existen conflictos por regalías (Chuquisaca-Tarija); conflictos por límites (Potosí-Oruro); conflictos por incumplimiento de la Constitución y avasallamientos -estatales y cocaleros- a los derechos colectivos de los pueblos indígenas (Tipnis, TCO “Multiétnico II”, Aguaragüe; Madidi); conflictos por desconocimiento de conquistas laborales (sector salud) que ponen en evidencia la crisis estructural del sistema público de salud; conflictos por incremento de salario; huelguistas de hambre; marchas; bloqueos; violenta represión policial… desgaste generalizado.
Evaluación probable:
1) Era necesaria una medida que lleve la atención de la opinión pública hacia otro tema que no sea el descontento y la ingobernabilidad interna.
2) Los medios de comunicación, compitiendo por la audiencia, corren detrás de la noticia.
3) La “nacionalización” de una empresa española -después del impacto internacional de las acciones de la viuda de “Él” con YPF-, “jala” la agenda mediática nacional e internacional. Internamente busca mandar el mensaje de que continúa el “proceso de cambio”; externamente pone a Bolivia con una noticia distinta al narcotráfico y la amistad con Irán y Siria. Adicionalmente, le muestra al Comandante que es un gran pupilo, y más aplicado que Correa.
En ningún caso, la decisión tiene que ver con el sector eléctrico y los rendimientos de la empresa.
La yapa: El Gobierno contará con varios cargos más para repartir entre su séquito.
La grosería: Los caras pintadas en uniforme de combate.
¿El letrero de “nacionalización” debería decir “confiscación de acciones”?
DÍA 7
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