La Sociedad Eléctrica Boliviana (Soelbo) SA, firma a la que Comteco compró las acciones de Elfec, fue creada en Panamá por el bufete de abogados Mossack Fonseca & Co (MF & Co), según consta en el sitio opencorporates.com. La investigación Los papeles de Panamá, revelada recientemente, señala que ese bufete, dedicado a crear empresas en paraísos fiscales, pudo haber ayudado a sus clientes a lavar dinero y evadir impuestos.
En las denuncias de supuesto daño de $us 17 millones causado a Comteco por la compra de acciones de Elfec, se decía que Soelbo era una firma fantasma.
El Gobierno boliviano pidió ayer al consorcio de periodistas que realizó la investigación revele nombres de las 95 empresas, 18 clientes, ocho beneficiarios y 35 accionistas que figuran en documentos filtrados de Mossack Fonseca para iniciar una investigación.
El sitio www.opencorporates, que se identifica como una base de datos de empresas a nivel mundial, tiene a Soelbo SA registrada bajo el número 574084, creada en la jurisdicción de Panamá el 3 de julio de 2007 y disuelta el 11 de junio de 2009.
El bufete Mossack Fonseca figura como agente y como presidente de la empresa está el nombre de George Allen, quien también hace las veces de director; Carmen Wong es secretaria y a la vez directora; Jackeline Alexander figura como directora y subsecretaria al igual que Verna de Nelson; e Yvette Rogers figura como tesorera, directora y vicepresidente.
El registro aclara que “el representante legal de la sociedad es el presidente, pudiendo también ejercer ese cargo el tesorero o el secretario, en ausencia del presidente, o cualquier persona que la junta directiva designe con ese objeto”.
En Bolivia, el representante legal de Soelbo era Javier de Udaeta, quien también fue gerente general de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (Elfec). En noviembre de 2011, Udaeta, junto a la exgerente de Administración y Finanzas de Elfec, Ximena Rivero, y el exsecretario general del sindicato de Elfec, Alfredo Viscarra, fueron imputados por enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y creación de sociedades ficticias, supuestamente cometidos durante el negocio de compraventa de las acciones de Elfec a la Cooperativa de Mixta de Telecomunicaciones Cochabamba (Comteco) con su exsocia estadounidense PPLG Bolivia Holding Company Ltda en 2007.
La denuncia, que incluía evasión de impuestos, fue hecha por el interventor de Elfec, Álvaro Herbas, en julio de ese año, quien acusó a los tres involucrados de haber creado empresas ficticias fuera del país para cerrar el negocio con PPLG Bolivia Holding Company Ltda, de capitales estadounidenses, que controlaba Elfec y su subsidiaria Integra con 521.994 acciones que representaban el 92,12 por ciento del total.
Según la denuncia, las compañías abiertas en Panamá son Cochabambina de Electricidad SA, Trabajadores de Luz y Fuerza SA y Soelbo, siendo las dos primeras propietarias de la tercera a la que finalmente la PPLG transferiría las acciones de la empresa Luz del Valle, controladora de Elfec e Integra.
Los Tiempos informó entonces que De Udaeta y Rivero negaron los cargos y dijeron que la transferencia de las acciones fue definida íntegramente por PPLG. Aseguraron también que ellos no constituyeron las empresas en Panamá. Ambos están prófugos.
Al respecto, el exgerente general de Comteco, Fernando Gamboa, dijo ayer a este medio que para efectuar la compra de acciones de Elfec, se encargó un análisis legal que verificó que Luz del Valle era la dueña de las acciones de Elfec y de Integra. Dijo también que lo que Comteco compró fue “una propiedad real, de una empresa de carne y hueso (…)” y añadió que la cooperativa actuó como agente de retención de impuestos por aproximadamente 3 millones de dólares, que era lo que correspondía por la transacción.
En septiembre pasado, el Ministerio Público imputó por los delitos de contratos lesivos al Estado y legitimación de ganancias ilícitas a 11 personas, entre ellas Gamboa, por el uso ilegal de 17 millones de dólares de Comteco para la compra de acciones de Elfec.
SE DEBE PROBAR DELITO EN PANAMÁ
Según el análisis de los abogados Martha E. Dotzauer y Johan S. Ellefsen, la ley boliviana exige a la Fiscalía probar que la transferencia de acciones de una empresa a través de otras empresas panameñas se considera un delito tanto en Bolivia como en Panamá. Eso se debe, explican, a que el Código Penal boliviano señala en artículo 185-bis que esa acción constituye legitimación de ganancias ilícitas; pero tiene “un doblez” puesto que el último acápite del mismo artículo establece que para aquellos delitos que hayan sido cometidos total o parcialmente en otro país, el requisito es que los hechos sean considerados delitos en ambos países.
MINISTRO DE GOBIERNO DIJO QUE AMERITA INVESTIGACIÓN
Piden datos de bolivianos implicados
La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, informó ayer que envió una carta al consorcio internacional de periodistas que destapó el caso Panamá Papers, para que revele al Gobierno los nombres de las empresas y ciudadanos bolivianos involucrados, reportó Erbol.
El gerente jurídico del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Carlos Herrera, también dijo a ANF que esa entidad está recabando información aunque no detalló de qué manera.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el caso amerita una investigación en la que podrían participar los ministerios Público y el de Transparencia.
En los últimos días, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó una lista de políticos y celebridades que figuran en documentos de la firma legal Mossack Fonseca, radicada en Panamá, la cual habría ayudado a sus clientes a lavar dinero y evadir impuestos.
Un reporte del Irish Times, sobre los datos publicados por ICIJ, señala que 95 empresas y 35 accionistas bolivianos se mencionan en este caso, aunque no se conocen los nombres.
“En el caso de Bolivia, la información extraoficial que tenemos es que aparentemente no se ha divulgado estos nombres y por eso es que estamos solicitando formalmente que se nos pueda proporcionar esta información”, dijo la ministra Valdivia.
La carta está dirigida a la vicepresidenta de ICIJ, Mireya Walker. Valdivia advirtió que en el pasado empresario bolivianos recurrieron al ámbito internacional para eludir los impuestos y puso como ejemplo a Samuel Doria Medina.
Según la Ministra, en diciembre de 2014, Doria Medina vendió unas acciones por 300 millones de dólares. Explicó que “para eludir el pago de impuestos en nuestro país, lo que ha hecho (Samuel) es transar en la Bolsa Boliviana de Valores y ese dinero lo ha sacado afuera, nunca han ingresado a Bolivia para evitar el pago de impuestos”.
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