Reavivan otra vez polémica por proyecto de electricidad

El vocero de la Gobernación, Aldo Quaglini, puso en las últimas horas en la mesa de discusión, el polémico caso de adjudicación de un proyecto de electrificación rural con documentación falsa en la Gobernación. Quaglini acusó a los asambleístas de oposición Moisés Torres y Gonzalo Pallares de mentirle a la población, cuando denunciaron el hecho. Los emplazó, además, a “comprobar” sus denuncias en un plazo de 24 horas, según dijeron los opositores. Si no lo hacían, serían sujetos de un proceso judicial. En respuesta, ayer, los aludidos salieron en su defensa, asegurando que no fueron ellos los que hicieron la denuncia, sino autoridades municipales de San Lucas.
Mientras se ventilaba ayer el asunto en los medios, llegó otro sobre a manos de Torres en la mañana, con una nueva denuncia de irregularidades en la adjudicación de otro proyecto de electrificación de la Gobernación. “Denuncia de hechos de corrupción cometidos en la adjudicación y firma de contrato del proyecto de construcción Electrificación Rural en la Comunidad Pampas Abajo Fase I Municipio de Tomina”, decía la referencia de la carta de denuncia.
Según explicaron ayer Torres y Pallares, Quaglini reprochó la actitud que asumieron cuando dieron a conocer la noticia. Por separado, explicaron los alcances de la denuncia.
Gonzalo Pallares dijo que la denuncia llegó a la Asamblea Legislativa Departamental el 2 de mayo. Las autoridades municipales de San Lucas habían denunciado que la empresa a la que le adjudicaron el proyecto de electrificación Palacio Tambo-Canchas Blancas había falsificado sus certificados de experiencia general y específica.
Lo que hizo la Asamblea, según explicó Pallares, fue constituir una comisión mixta para que se encargue de valorar los documentos que acompañaban a la denuncia. Dijo, además, que pidieron al Ejecutivo Departamental, los documentos de todo el proceso de adjudicación del proyecto, solicitud que nunca fue respondida, según Pallares.
Luego que la comisión analizó los documentos, recomendó al pleno de la Asamblea que el caso sea remitido al Ministerio Público, y así se hizo: los 21 asambleístas resolvieron enviar el caso al Ministerio Público.
“Quienes adjudican, califican, son los de In- fraestructura de la Gobernación. ¿Cómo han podido dejar pasar información falsificada? ¿Será que no han hecho un trabajo minucioso? Eso lo dirá el Ministerio Público”, señaló Pallares.
El asambleísta de oposición dijo además que Quaglini, probablemente, decidió arremeter contra ellos por haberle hecho notar al Gobernador los errores que cometió en el Programa del 25 de Mayo, el mismo que tenía hasta errores ortográficos, según dijo.
Torres, por su parte, luego de conocer que Quaglini lo había acusado de percibir doble sueldo del Estado, por ser asambleísta y docente universitario a la vez, aclaró que las normas nacionales y el reglamento interno de la Asamblea permiten ello, es decir, que la actividad académica no es incompatible con la actividad pública. Con documentos en mano, además, demostró que pidió la declaratoria en comisión por medio tiempo sin goce de haberes de la Universidad. Y, añadió que sus colegas del MAS Cristian Sanabria y Liliana Sánchez también ejercen la docencia en San Francisco Xavier.
Ambos asambleístas de oposición dijeron que será el Ministerio Público el que determine si hubo o no responsabilidad de la Gobernación en el caso irregular denunciado.
Este medio intentó comunicarse con Quaglini para obtener una declaración de él y confirmar si será presentada la querella que anunció, pero no fue posible.