El Estado vulneró el Tratado Bilateral de Protección a las Inversiones entre Bolivia y Reino Unido (TBI), al no haber compensado económicamente a Rurelec por la nacionalización de la empresa Guaracachi en 2010, según los fundamentos de la resolución de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya para emitir un fallo o laudo.
Esa resolución obliga al Estado boliviano a resarcir a Rurelec con 28,9 millones de dólares por la nacionalización del 50% de su paquete accionario en la generadora de energía eléctrica.
El monto total de la indemnización, sumados los intereses, llega a 41 millones de dólares, que es el 28,6% de lo que exigió la firma británica en la demanda.
El TBI entre los gobiernos de Bolivia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sobre el Fomento y la Protección de las Inversiones de Capital, fue suscrito el 24 de mayo de 1988 y está vigente desde febrero de 1990.
Según la Corte, con la nacionalización de Guaracachi el país vulneró el artículo 5 del TBI, que señala que "(...) cuando se nacionalice las inversiones de capital de nacionales o sociedades de una de las partes contratantes debe haber una justa compensación. Ésta deberá responder al valor de mercado de las inversiones de capital inmediatamente antes de la fecha de hacerse efectiva la expropiación o de hacerse pública la inminente expropiación, cualquiera que sea la anterior, comprenderá los intereses conforme al tipo normal comercial o legal”.
Además, precisa que el pago debe efectuarse sin demora.
Rurelec confirmó en un comunicado oficial que la medida del presidente Evo Morales se llevó a cabo "en violación al Tratado Bilateral de Protección a las Inversiones entre Bolivia y Gran Bretaña”.
Además, remarca que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya dispone que, de conformidad con el TBI y con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI ), el laudo arbitral es "definitivo y vinculante para Bolivia y se llevará a cabo sin demora”.
El domingo, en un comunicado de prensa, el procurador general del Estado, Hugo Raúl Montero, anunció que "analizando a detalle el laudo, se decidirá la próxima acción legal a seguir conforme las reglas del arbitraje”.
El embajador de la Unión Europea en Bolivia, Timothy Torlot, afirmó que, una vez conocido el laudo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, éste debe ser respetado por el Estado boliviano y Rurelec.
"Creo que ambas partes necesitan seguir el arbitraje y cumplir con sus acuerdos (…); hay un acuerdo que es la manera legal de resolver controversias y es lo que hemos visto con mucho éxito en el caso de La Haya, en la controversia Perú-Chile, es la esperanza también de Bolivia en el caso contra Chile; entonces, hay que respetar los arbitrajes internacionales en este caso”, afirmó, de acuerdo con el reporte del portal de Fides.
A tiempo de remarcar la importancia de que el caso haya llegado a un laudo arbitral o resolución, aseguró que el Gobierno boliviano debe aclarar las bases de los acuerdos y del trabajo conjunto con empresas extranjeras en la Ley de Inversiones, sobre todo si se toma en cuenta la influencia de la inversión extranjera en el crecimiento económico del país.
Los otros procesos arbitrales
Petrolera El Estado enfrenta otro arbitraje con Pan American Energy (PAE), la exaccionista de la petrolera Chaco, por el cual se demanda un pago de 1.496 millones de dólares. La Procuraduría proyecta una respuesta a la demanda y prevé el uso de recursos arbitrales.
Procesos El Gobierno también nacionalizó la mina Mallku Khota, operada por South American Silver; revocó 11 concesiones mineras de Quibórax y tiene procesos con Abertis Infraestructuras, Air BP, Iberdrola de Inversiones SA y Red Eléctrica Internacional (REI).
Empresarios afirman que se debe acatar el fallo
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, afirmó que se debe acatar el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que obliga al Estado a pagar a Rurelec 28,9 millones de dólares, además de los intereses por la nacionalización de sus acciones en la eléctrica Guaracachi.
"Los fallos se deben cumplir, ya sea que estemos de acuerdo o no; son fallos judiciales y debemos tener fe en esa justicia que se ha hecho, acá o en el exterior”, dijo.
Recordó que uno de los casos que resolvió la instancia internacional fue entre Perú y Chile. "Creo que cualquier otra motivación adicional a querer reclamar sobre algo que ya ha sido dictado, sería muy perjudicial para la imagen de un país que está buscando justicia también”, afirmó.
Según Rurelec, el Tribunal de Arbitraje de La Haya determinó que Bolivia debe indemnizar a Rurelec con 35,5 millones de dólares y pagar otros 5,5 millones de dólares por los dividendos que no fueron saldados antes de la nacionalización de Guaracachi. En total, Bolivia debería pagar 41 millones dólares.
El pasado sábado, según indicó la compañía en un comunicado, difundido por EFE, la Corte encontró "ilegal” la reversión del 50% de las acciones de Rurelec al Estado el 1 de mayo de 2010.
Rurelec y Guaracachi America Inc. (GAI) oficializaron en marzo de 2012 una demanda de arbitraje contra el Estado ante ese tribunal, con un reclamo de 142,9 millones de dólares, como consecuencia de la reversión.
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