La gestión presidencial de Eduardo Rodríguez Veltzé aprobó el 6 de octubre de 2005 el decreto 28389, que supuso paralizar la concesión en el país de licencias a proyectos hidroeléctricos en la cuenca Mamoré-Madera (Bolivia-Brasil) impulsados por empresas brasileñas. Estos planes implicaban la construcción de presas, que, según expertos, causarían inundaciones.
El citado documento, en sus artículo 1 y 2, ordenaba “con carácter de urgencia”, estudios para determinar el aprovechamiento integral de las cuencas hidrográficas del país, priorizando la cuenca Madera-Mamoré y el río Beni. Asimismo, el artículo 8 advertía que, mientras se realizasen los estudios, quedarían suspendidas las adjudicaciones a empresas hidroeléctricas.
Rodríguez Veltzé, en correo electrónico respondido a este medio de comunicación, explicó que esa decisión se tomó debido a que durante su gestión presidencial “se advirtió que los intereses brasileños sobre proyectos hidroeléctricos en la zona tenían un fuerte impulso, particularmente por parte de firmas constructoras como la Odebrecht y otras que habían solicitado licencias ambientales para encarar proyectos de ese orden en 2004”.
Según el portal www.fobomade.org.bo, en abril de 2004, la empresa Construtora Noberto Odebrecht sucursal Bolivia solicitó a la Superintendencia de Electricidad de Bolivia dos licencias provisionales para realizar estudios de factibilidad para la implementación de centrales hidroeléctricas en los ríos Mamoré-Madera, tramo Guayaramerín-Abuná y en el río Beni. La solicitud fue rechazada por la Superintendencia en base a las observaciones realizadas por varias instituciones, con la recomendación de que se tramite en el marco de un acuerdo binacional. Paralelamente, el consorcio Furnas-Odebrecht solicitó autorización para realizar estudios de factibilidad de la central hidroeléctrica de Guajara-Mirim (revista Brasil Energia, enero 2005), ubicada en el tramo fronterizo del río Madera entre Abuná y Guayaramerín.
Los expertos bolivianos observaron los efectos ambientales que podrían implicar estas obras, incluyendo los riesgos de inundación.
El decreto
“En atención a los antecedentes y a fin de precautelar los intereses del Estado, mi gobierno promulgó el Decreto Supremo Nº 28389, de 6 de octubre de 2005, cuyo contenido se explica por sí mismo. Permitió frenar adjudicaciones de obras inconsultas y sobre todo proyectar institucionalidad para que el Estado adopte decisiones bien informadas”, explica Rodríguez Veltzé, en correo electrónico.
El citado decreto declaraba “de interés y prioridad nacional” el establecimiento de una política nacional sobre el aprovechamiento de las cuencas hidroeléctricas del país y creaba una comisión impulsora integrada por cinco ministerios y presidida por el de Obras Públicas y Servicios. También se creó un Comité Técnico conformado por representantes de seis viceministerios y presidido por el de Asuntos Territoriales.
También se encomendó a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) realizar un estudio hidroeléctrico de las cuencas Mamoré-Madera y del río Beni.
Anuncio de Evo Morales
Toda esta información surge después de que el martes pasado, el presidente Evo Morales anunció el inicio de estudios sobre los efectos en las inundaciones de Beni que habrían provocado las represas de Jirau y Santo Antonio, en territorio brasileño.
Sin embargo, según documentación publicada, el Gobierno ya conocía de estos problemas desde 2006, año en que el canciller David Choquehuanca, expuso a su homólogo brasileño sus temores por la construcción de estas dos presas, donde ya se alertaba del riesgo de inundaciones.
Impactos
Si bien en 2005, el decreto de Rodríguez Veltzé contuvo la adjudicación de represas en suelo bolivianos, Brasil continuó con sus proyectos en su territorio.
En 2006, la Cancillería elevó su reclamo por los efectos que podría causar la construcción de las represas Jirau y Santo Antonio.
Un estudio de monitoreo ordenado por la Cancillería identifica a la población de Cachuela Esperanza como el sector más vulnerable ante los efectos de inundación fruto de estas represas.
También se incluye la reserva de vida silvestre Bruno Racua, aunque se descartan grandes poblaciones, como Trinidad y Rurrenabaque.
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