La Procuraduría General del Estado (PGE) rechazó la exigencia de compensación por 142,3 millones de dólares que ha hecho la compañía británica Rurelec PLC por la nacionalización del 50 por ciento de las acciones que tenía en la Empresa Guaracachi SA (EGSA) y anunció que Bolivia se defenderá ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
La transnacional eléctrica confirmó el viernes que presentó formalmente la demanda contra el Estado boliviano en el tribunal, en el marco de un proceso de arbitraje que comenzó en noviembre de 2010.
La PGE, ente responsable de la defensa legal del Estado, indicó ayer en un comunicado que considera que existe “una brecha sustancial”, en la controversia con Rurelec PLC y su filial estadounidense Guaracachi America Inc. (GAI), “entre la pretensión millonaria e injusta de la empresa y la posición del Estado”.
La entidad también confirmó que el 2 de marzo de 2012, es decir el viernes pasado, la Secretaría de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ha remitido la demanda formal de arbitraje a Bolivia, de acuerdo con el Reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
El Gobierno ha indicado en varias ocasiones que rechaza cualquier monto solicitado por la empresa británica porque el estudio de valoración de sus acciones efectuado por Profin Consultores concluyó que en Guaracachi supuestamente existen “saldos negativos” por deudas dejadas por la transnacional.
Luego de la nacionalización de Guaracachi, el 1 de mayo de 2010, la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, dijo que el Ejecutivo calculaba unos 50 millones de dólares de compensación, sujeto a revisión, para el pago no sólo a Rurelec sino a las otras dos empresas afectadas por la expropiación de sus acciones en Corani y Valle Hermoso, las compañías GDF Suez de Francia y Panamerican Investments.
Rurelec PLC y su filial GAI doblaron la solicitud inicial de compensación que pedían al Estado boliviano por la expropiación de sus acciones. Inicialmente estimaron 70 millones de dólares de indemnización, pero ahora exigen 142 millones.
Esperan arbitraje sobre Jindal
La Procuraduría General del Estado (PGE) informó ayer que, en el marco de sus atribuciones, coordina con la estatal Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) para recabar información sobre la amenaza de arbitraje por parte de Jindal Steel Bolivia (JSB) y está a la espera de cualquier comunicación oficial de demanda para asumir defensa.
“Mientras no se tenga una comunicación oficial en el caso no se puede designar árbitros, mucho menos determinar acciones procesales de fondo porque no se tiene conocimiento de la pretensión de la empresa”, explicó la Procuraduría. JSB inició un proceso de arbitraje contra el Estado boliviano por la ejecución de sus boletas de garantía por un valor de 18 millones de dólares.
Página Siete informó el pasado 28 de febrero que la estatal ESM no asumió defensa en el arbitraje interpuesto debido a que no designó un árbitro pese a haber recibido la notificación. El 21 de diciembre de 2011, este mismo medio indicó que la Secretaría de la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París había admitido la demanda.
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