El proceso de diálogo por las cuatro filiales nacionalizadas se abrirá esta semana.
La empresa española Iberdrola negociará el pago de 100 millones de dólares por la nacionalización de sus acciones en las distribuidoras de electricidad de La Paz (Electropaz), de Oruro (ELFEO), Edeser y la Compañía Administradora de Empresas.
El vicepresidente, Álvaro García Linera, sostuvo ayer que las autoridades confían en lograr un acuerdo que establezca un precio justo por las cuatro filiales de la eléctrica española, que fueron nacionalizadas mediante un decreto promulgado el pasado 29 de diciembre.
LOS EJECUTIVOS NEGOCIADORES. La agencia EFE informó que arribó al país una delegación de la compañía española, que está encabezada por el director de Iberdrola para América Latina, Gonzalo Pérez, quien llegó en compañía de ejecutivos de la empresa. La comitiva fue recibida ayer por el embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez Díaz, para iniciar las negociaciones con autoridades del Ejecutivo boliviano.
De acuerdo con el mismo informe, Iberdrola no realizó hasta el momento estimación alguna sobre el precio que solicitará por la nacionalización de las cuatro filiales, pero según fuentes del mercado calculan que el valor de negociación se acercará a 100 millones de dólares.
La empresa española aseguró que el negocio que mantenía en Bolivia, le suponía alrededor del 0,2 por ciento de su volumen total de negocios que tienen en varios países de la región, Estados Unidos y Europa, entre otros.
UNA MEDIDA ANUNCIADA. La expropiación de las acciones de Iberdrola fue alertada por el expresidente Carlos Mesa, después de que el Gobierno decidiera realizar similar acción con la Red Eléctrica, que tenía acciones mayoritarias en la Transportadora de Electricidad (TDE), nacionalizada el 1 de mayo de 2012.
El principal argumento esgrimido por el Ejecutivo para estatizar las distribuidoras eléctricas, fue que la empresa española no aceptó reducir las tarifas del servicio rural, pese al pedido de las organizaciones sociales, y que el servicio era de mala calidad.
180 días hábiles es el plazo para definir el valor de las cuatro filiales nacionalizadas, según el Decreto 1448.
EL GOBIERNO
ESPAÑOL LAMENTÓ LA DECISIÓN QUE ASUMIÓ SU PAR BOLIVIANO Y PRESENTÓ OFICIALMENTE su queja a la embajadora boliviana en Madrid, Carmen Almendras, mientras que el jefe de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia, Timothy Torlot, dijo que esperan la aprobación de la Ley de Inversiones para garantizar la llegada de otras empresas interesadas.
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