Las diferencias en cuanto al monto de indemnización impiden que el Estado boliviano y las empresas cuyas acciones fueron nacionalizadas puedan llegar a un acuerdo, explicó el diputado Marcelo Elío (MAS), presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados.
Los decretos que viabilizaron tales estatizaciones establecían plazos de hasta 180 días para definir el valor de las respectivas compensaciones.
“La hermenéutica es que los que estaban manejando las acciones piden un precio, el Estado plantea otro y no hay entendimiento; entonces, tiene que haber una instancia que dirima cuál es el justo precio”, afirmó.
En su criterio, ese avalúo, que debe ser realizado por un perito independiente, es el que demora un posible arreglo.
A la fecha, según un recuento, seis son las empresas a las que el Estado debe compensar por la nacionalización de sus acciones, entre ellas Pan American Energy, Rurelec, British Petroleum, Soboce, Comteco y Red Eléctrica de España (REE).
Si bien en cuatro de estos casos (ver cuadro) los decretos estatizadores establecían plazos de entre 120 y 180 días para valorar el precio de las acciones y llegar a una indemnización, a la fecha esos arreglos están pendientes.
El diputado Elío afirmó que las “normas no están hechas en piedra, se modifican, establecen plazos, evidentemente, pero también pueden flexibilizarse a fin de que haya un correcto entendimiento” entre las partes.
Sin embargo, en el caso de Fancesa, el parlamentario consideró que no hay acuerdo porque el Estado no le quitó un centavo a la empresa Soboce, que era propietaria de esas acciones.
“(Samuel) Doria Medina ha hecho tráfico de influencias para hacerse de las cementeras estatales y lo único que ha hecho el Estado es recuperar lo que era suyo, no le ha quitado un centavo. El Estado ha recuperado lo que los neoliberales han enajenado, lo que han regalado a precio de gallina muerta”, afirmó.
En su criterio, lo mismo ocurrió con el Complejo Metalúrgico Vinto, que fue vendido a precio regalado.
Precisamente por ello, el Gobierno decidió no pagar ninguna indemnización a la empresa Sinchi Wayra, filial de la multinacional Glencore International AG, pues la empresa metalúrgica fue privatizada en 14 millones de dólares, cuando su precio real era de más de 140 millones de dólares.
Se estima que en el caso de Panamerican Energy el Estado debería pagar un justiprecio de 233,4 millones de dólares. También están pendientes de resarcimiento los 17 millones de dólares que pide Comteco por la nacionalización de ELFEC; los 93 millones de dólares por Fancesa a Soboce y a los 45 millones de dólares a Air-BP por sus acciones en 12 surtidores.
Estatizaciones
Política El Gobierno comenzó a nacionalizar las empresas petroleras en mayo de 2006. Esa política prosiguió luego con las empresas de energía eléctrica.
Acuerdos Las empresas que sí lograron acuerdos fueron Transredes, de la compañía Holding Ltda., además de las eléctricas Corani y Valle Hermoso y las refinerías de Santa Cruz y Cochabamba, que estaban en poder de la brasileña Petrobras.
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