La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, informó, ayer en conferencia de prensa, que la Red Eléctrica de España (REE), inició un "proceso de controversia" a pesar de que aún no se cumplió el plazo para llegar a un entendimiento por la nacionalización de su filial TDE.
"Hay si un proceso de controversia que ha iniciado el grupo de la Red Eléctrica de España por la nacionalización de la empresa TDE, lamentamos que la empresa Red Eléctrica este iniciando este proceso de controversia sin antes haberse cumplido el plazo que se establece en los decretos para llegar a un entendimiento", manifestó Dávila.
Agregó que el argumento que tiene Bolivia para encarar la nacionalización de las eléctricas, "es el derecho soberano a que servicios que son básicos (…), deban estar en poder del Estado, esto no quita la participación de algunas empresas privadas dentro de las reglas de juego que establece el Estado", dijo según a la agencia ANF.
La Procuraduría General del Estado (PGE) indicó también que el 5 de junio de 2012 la TDE notificó formalmente al Estado boliviano que existe "una controversia bajo el acuerdo para la promoción y protección de inversiones firmado entre el Reino de España y Bolivia".
La TDE acusa a Bolivia de haber violado el artículo 5 de ese acuerdo (sobre expropiaciones) y de otras supuestas violaciones al documento. El lunes se conoció que Bolivia inició la contratación de una empresa que valorará la TDE para establecer una compensación para REE.
Apuntes.
Defensa legal
La Procuraduría General del Estado asegura que ha asumido la defensa legal del Estado desde el 10 de julio de 2012 convocando a reuniones de acercamiento con la participación del Gobierno y ENDE para buscar soluciones alternativas consensuadas respecto a la controversia.
La Procuraduría sostiene que continuará "haciendo uso de este método alternativo directo para tratar de solucionar la controversia" y anuncia que en los siguientes días ya se tiene una nueva reunión en agenda.
Decreto
El decreto de nacionalización de mayo del 2012 establece que una consultora independiente fijará en un plazo de seis meses el valor de la compensación que debe pagarse a la eléctrica española.
Iberdrola
El Gobierno boliviano expropió el pasado 29 de diciembre cuatro filiales de la eléctrica Iberdrola y también prometió que en seis meses se fijará una compensación por el patrimonio que ha pasado a manos de la compañía estatal.
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